Los proyectos del Ejecutivo contienen decisiones sobre temas que determinarán discusiones prolongadas

Alberto Nofel

Las pretensiones del Gobierno de llegar al Pacto de Mayo con la Ley de Bases bis y el paquete fiscal aprobados en el Senado comenzaron a complicarse después de que el oficialismo se viera impedido de lograr dictamen de comisión el jueves pasado, para poder así tratar ambas iniciativas en el recinto la próxima semana. Los senadores peronistas llegaron al ridículo de declarar una “huelga”, por supuesto sin exigir mejoras salariales que ya se habían otorgado a sí mismos.

La coalición gobernante buscó forzar los tiempos del debate parlamentario en el ámbito de la Cámara alta y recibió a cambio el primer contragolpe de parte de la oposición, en la misma jornada en la que la CGT y otras entidades gremiales llevaron adelante el segundo paro nacional en contra de las políticas de ajuste y del plan “motosierra” que impulsa el presidente Javier Milei.

Las deliberaciones se reanudarán mañana en el Senado y en el mejor de los casos ambas propuestas del Gobierno, que ya obtuvieron luz verde en Diputados, llegarían al hemiciclo el 23 de mayo, es decir, apenas dos días antes de la jornada festiva del 25, cuando está previsto que Milei rubrique en Córdoba su tan mentado Pacto de Mayo con mandatarios provinciales y el alcalde porteño, Jorge Macri.

Se trata de un acuerdo que incluye una serie de políticas de Estado que el líder libertario considera determinantes para salir de la crisis e iluminar un camino de prosperidad para el país. El jefe de Estado pretende desembarcar con la Ley de Bases bis y el paquete fiscal avalados por el Congreso, pero esa ambición podría quedar trunca.

Lo que ocurre es que, además de que el reloj sigue corriendo, por supuesto, cualquier modificación que se introduzca en los textos que se discuten en la Cámara alta supondrá un retorno de ese plexo normativo a Diputados: y este es un escenario que el propio Gobierno ve incluso como sumamente posible, a partir de los pedidos de retoques y cambios escuchados durante los últimos días en la discusión parlamentaria.

Al respecto se expresó el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, que dijo que “se están clarificando” algunos artículos, aunque confió en que ambos proyectos sean finalmente aprobados: “Estamos convencidos de que vamos a tener un apoyo general, puede ser 38 (votos) o más”, indicó el funcionario, que cumplió un rol clave para que la Ley Ómnibus dos y el paquete fiscal consigan la aprobación de la Cámara baja.

El paro de la CGT

Mientras tanto el paro de la CGT tuvo un éxito relativo, especialmente por la decisión de los gremios del transporte de adherir al mismo. Los resultados de los sondeos de opinión que se hicieron durante y después de la medida de fuerza no indicaron que hubiera cambios en la opinión pública a raíz del paro. Desprestigios e imágenes positivas han variado muy poco en los cinco meses que acaba de cumplir el gobierno de la Libertad Avanza. Sin embargo después de las masivas manifestaciones en defensa de las universidades nacionales el Ejecutivo ha comenzado a replantearse algunos temas, reconociendo el mal humor social y por ello postergó nuevos aumentos de los servicios de electricidad y gas. Ese es el pragmatismo que la realidad exige. Si bien la recesión se inició tiempo atrás, con el nuevo gobierno se ha profundizado y al deterioro de los salarios se ha sumado el cierre de fabricas y establecimientos comerciales. Por eso el reclamo de un plan económico que contemple una reactivación que derrame rápidamente “el argentino de a pie” según la directora del Fondo Monetario Internacional.

El gobierno considera que las proposiciones contenidas en la Ley de Bases y el capítulo fiscal promueven el desarrollo del país y el desarrollo del trabajo. En ese sentido, le adjudicó un significado especial al llamado Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que ha generado un intenso debate entre los conductores de las tradicionales industrias argentinas agrupados en la UIA y los vinculados a energía y minería entre los que se cuentan también algunas compañías extranjeras. La vigencia de ese régimen determinaría exenciones impositivas y aduaneras para emprendimientos que determinen inversiones de doscientos millones de dólares o más. También, se derogaría el compre argentino. En ese sentido el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín afirmó en declaraciones públicas que sin el RIGI peligran inversiones de 36 mil millones de dólares hasta el 2031 para desarrollar la exportación de gas licuado cuya exportación significaría un notable ingreso de divisas para la Argentina para ese año. Varios expertos afirmaron que eso coronaría a Vaca Muerta que pasaría a tener, en fecha no muy lejana, la misma trascendencia para el país que actualmente la soja. Coincidieron con ese punto de vista las empresas mineras ya que existen grandes esperanzas sobre las posibilidades que ofrecen los yacimientos, por ejemplo, de cobre y oro.

Oposición al RIGI

Los dirigentes de la UIA se oponen en forma terminante al RIGI que cuentan con el apoyo de las grandes compañías del agro, agrupamientos de PYMES plantean que se les concedería sobre todo a los extranjeros, sobre todo, exenciones impositivas y aduaneras que determinarían la imposibilidad de competir para las ya establecidas. Sosteniendo que además, estas últimas y sus proveedores locales emplean en forma directa a más de trescientas mil personas. La organización empresarial argentina apoya la ley en general pero tiene reparos respecto del RIGI. Ese es solamente uno de los problemas que generará el tratamiento en particular de muchos de los artículos de la mencionada Ley que despiertan fuertes discusiones.

En los países desarrollados no suelen enmascararse en cuestiones ideológicas las decisiones de dar prioridad y facilidades al crecimiento de industrias, servicios o explotaciones mineras. El pragmatismo de Milei queda demostrado al impulsar el RIGI ya que no serán las fuerzas del mercado el factor decisivo para que los capitales sean invertidos en uno u otro sector de la economía.

En realidad el debate es justamente sobre la fijación de prioridades para el país ya que las carencias son de todo tipo y hasta en el campo de la salud. La crisis del sistema se puso de manifiesto en el orden nacional por el aumento que pretendían por sus servicios las llamadas prepagas y las demoras en la vacunación contra el dengue, por ejemplo. El gasto de los argentinos en las prestaciones para la salud de organizaciones públicas, privadas o mixtas, como deben ser consideradas las Obras Sociales, es muy alto para la calidad de servicios que obtienen. El tema es espinoso, se encara de a capítulos, y algunas decisiones los políticos pretenden delegarlas a la justicia.

La crisis de credibilidad que sufren todas las élites del país es posible que esté causada por el afán de evitar el pago de costos políticos o exponer puntos de vista que pueden no ser populares hasta que la realidad lo hace imperativo. La discusión sobre la posible privatización de Aerolíneas Argentinas soslaya un tema fundamental: la necesidad de fijar prioridades para todo el sistema de transporte de pasajeros y carga. Si eso se hiciera, seguramente los ferrocarriles, el medio de transporte del futuro por excelencia, motivarían hoy todos los análisis y discusiones. El accidente del viernes es un nuevo llamado de atención que no puede ser ignorado.