Fernando Mercerat, el martillero de La Plata que recibió una condena de la Justicia por estar involucrado en una red de prostitución a partir de la locación de inmuebles administrados por una inmobiliaria de su propiedad -un caso que conmocionó a la Ciudad-, murió este viernes a causa de una enfermedad que afrontaba desde hacía tiempo, según fuentes calificadas.
En 2022, Mercerat recibió una condena de 5 años y 6 meses de prisión, en el marco de un juicio abreviado al que accedió tras aceptar la responsabilidad de los hechos investigados por "explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas", a través de la locación de inmuebles que tenía en su negocio inmobiliario.
Este medio pudo corroborar que su fallecimiento se produjo a causa de una prolongada enfermedad y a poco de cumplir con la sentencia que le impuso la Justicia.
Mercerat había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria. El Tribunal Criminal II dio lugar al pedido y resolvió "morigerar la medida de coerción bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico".
El caso salió a la luz el 26 de junio de 2020, tras una redada judicial y policial en la Ciudad, en el marco de una investigación que desbarató una red de prostíbulos que funcionaban en La Plata. Ese día hubo más de 40 allanamientos.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, mientras que el juez de garantías fue Pablo Reale.
Precisamente, en la instrucción, la titular de la UFI N° 15 de La Plata, consideró que “desde, al menos, el 7 de octubre de 2019 a la fecha”, Mercerat, como dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido y funciona en 22 entre 43 y 44 junto a un grupo indeterminado de personas, explotaba económicamente el ejercicio de la prostitución de un número indeterminado de mujeres mayores de edad y personas travestidas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de éstas, ya sea por su identidad de género y la dificultad de insertarse en el campo laboral formal, ya por necesidades económicas y de manutención a sus hijos menores de edad”.
Según Corfield, el martillero les exigía “la entrega de una suma de dinero, semanal o diariamente a todas luces desproporcionada en relación a las locaciones habituales del mercado, sin documentación respaldatoria alguna ni de los contratos ni de los pagos recibidos, ejerciendo en todos los casos medios extorsivos de pago como de desocupación”.
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