Una medida acertada, pero hay aún muchas deudas con los desiguales físicos

Más allá de algunas modificaciones propuestas por algunas entidades a la medida en la que el Gobierno nacional decidió modificar el otorgamiento de la credencial de discapacidad física a las personas, al disponer que a partir de ahora ese documento no tendrá vencimiento y no necesitará ser renovado cada cinco años como ocurre hasta la fecha, se está frente a una decisión que, en principio, parece acertada y que se traduce en un beneficio para quienes padecen algún tipo de desigualdad psicofísica.

El cambio fue promovido por la Agencia Nacional de Discapacidad y, como se ha dicho, encuentra algunas objeciones desde organizaciones que se ocupan de la protección de los derechos del sector de la población que requiere contar con el denominado Certificado Único de Discapacidad (CUD) que otorga el Estado. Básicamente lo que piden es una ampliación de la cantidad de juntas evaluadoras

Como se ha dicho, hasta hoy, por la variabilidad de la discapacidad que puede presentarse en la infancia, el CUD debía renovarse cada 5 años, mientras que los adultos estaban obligados a ratificar su condición (con la presentación de los estudios médicos actualizados) cada diez años.

“Para que realmente el trámite sea más ágil tendría que haber más juntas evaluadoras que otorguen el certificado”, opinó la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad -REDI-. Además, la falta de unidad de criterios entre las juntas existentes fue también parte, entre otras, de las objeciones presentadas.

El CUD posibilita a las personas con discapacidad acceder de forma gratuita al transporte de pasajeros, otorga 100 por ciento de cobertura en tratamientos médicos de rehabilitación, la obtención de una pensión contributiva, el acceso a apoyos como la máquina Braille para las personas ciegas o un automóvil adaptado para quienes padecen de dificultades motrices y entonces pueden adquirirlo con una exención impositiva, y la percepción de descuentos en propuestas culturales.

Pese a estas alternativas, lo cierto es que ciudades como La Plata y muchas otras del país siguen en deuda con las personas que sufren desigualdades físicas. En reuniones realizadas por especialistas en nuestra ciudad en fechas recientes, se reclamó la disponibilidad de medios de transporte accesibles, que le permita a los desiguales físicos el traslado, espacios de recreación y otros lugares. Asimismo, se pidieron pensiones por montos dignos, con valores, al menos, equivalentes al de un salario mínimo.

El impulso de una formación de docentes, que contemple aspectos propios de la educación inclusiva de esas personas, un más fácil acceso a la información y comunicación y otra serie de medidas tendientes a garantizar una plena igualdad de condiciones, también forman parte de iniciativas que apuntan a concientizar debidamente a la población.

Debería también enfatizarse que despejar las múltiples barreras arquitectónicas, ordenar el tránsito peatonal y automovilístico y adoptar otras medidas que conviertan a nuestra ciudad en un escenario menos hostil con los desiguales, se compadece con criterios urbanísticos de avanzada. Al mismo tiempo, incluye y enfoca la realidad que implica el crecimiento de las expectativas de vida, con la presencia de cada vez un mayor número de personas de edad avanzada que participan de la dinámica cotidiana.