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Política y Economía |Desafío al Gobierno

Gremios aeronáuticos rechazan declarar “esencial” los servicios

Gremios aeronáuticos rechazan declarar “esencial” los servicios
10 de Septiembre de 2024 | 03:21
Edición impresa

Los gremios aeronáuticos calificaron de “ilegal y arbitraria” la decisión del Gobierno de declarar “esencial” a la actividad aérea en el país y advirtieron que, con esa decisión, se apresta a la “ilegalidad”.

El documento lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Allí rechazaron la decisión del Ministerio de Capital Humano, que anunció que reglamentará la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para “garantizar servicios mínimos”.

Para los gremios, ese cometido “concluiría en una decisión arbitraria e ilegal, comprometiendo la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma”.

“El transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877, indicaron.

Y señalaron que “el intento de valerse de un atajo inconstitucional, el DNU70/23, para a través del Código Aeronáutico, pretender establecer un procedimiento distinto y particular para el transporte aéreo, sería nulo por dos órdenes de razones”.

“Porque el propio DNU lo es, como lo ha declarado la Cámara de Trabajo en su sentencia de enero de este año, y porque la única forma de regular de manera distinta el derecho de huelga, como lo demuestra la propia inclusión del mismo en el capítulo laboral del DNU, es modificando la ley que lo reglamenta”, advirtieron.

Adujeron que “cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita (art. 248 del Código Penal)”.

 

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