Frenan expedientes de los barrios cerrados

Alrededor de 400 barrios cerrados y countries, en proyecto o en ejecución -con la venta de lotes y hasta familias instaladas-, podrían quedar trabados o en una especie de limbo administrativo de concretarse una medida del Municipio consistente en la paralización de todos los trámites referidos a esos desarrollos, que en los últimos años obtuvieron la venia local, pero quedaron a medio camino por el rechazo en organismos de Gobierno Provincial.

La decisión fue planteada en el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial a fines del mes pasado. Puso en estado de alerta a un amplio espectro del sector de la construcción, motor de actividad económica en la Ciudad, y también a propietarios de lotes que aguardan esos avances para escriturar sus viviendas o levantar su casa.

También se expresa preocupación en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad, que en los últimos días convocó a profesionales matriculados con la finalidad de definir acciones ante dificultades en las tramitaciones en el área de Obras Particulares, lo que se vincula con la medida en ciernes.

Ya circula un borrador en el que se contempla un plazo de 180 días en el que todo quedaría congelado con la finalidad de poner bajo la lupa los expedientes que, pese a pasar con éxito por el concejo deliberante local, fueron frenados en la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Este organismo del Ministerio de Gobierno Provincial está encargado de dar cumplimiento al mandato normativo (decreto ley 8.912/77) que ordena la aprobación de la Provincia a las ordenanzas referidas al ordenamiento y uso del suelo que se discuten en el ámbito de los municipios.

Se buscará la sanción de un nuevo Códigode Ordenamiento Urbano en 2025

Se esgrime que a lo largo de los últimos años diversas ordenanzas modificatorias del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT) de La Plata no han sido convalidadas debido a la falta de un análisis integral y actualización normativa. El COUT define el uso del suelo para vivienda, actividad rural o lo preserva sin intervención.

El Ejecutivo local estaría planteando pasar todo en limpio con la sanción de un nuevo código a fines de 2025.
Las ordenanzas en cuestión dieron autorización a la utilización de predios de la periferia para el emplazamiento de barrios cerrados, en sus diversos formatos, desde los más exclusivos y amplios hasta los barrios de una o dos manzanas que sólo tienen un alambrado o paredón perimetral.
Una de las fuentes en el sector productivo consultadas por este diario comentó que se estima en 200 los proyectos trabados.

Sin embargo, en forma reciente, el presidente del concejo deliberante, Marcelo Galland, le dijo a este diario que hay 400 urbanizaciones sin habilitación. Se estima que ocupan 200 kilómetros cuadrados y concretarlas le demandaría al Municipio obras públicas de adecuación de servicios y suelo por unos 700 mil millones de pesos, el equivalente a 22 partidas anuales de obra pública según la asignación actual.

Un borrador contempla un plazo de 180 días donde quedaría todo congelado

En el mundo de los desarrollos se analiza la situación con preocupación por sus múltiples implicancias. Entre los cruces de la burocracia local y Provincial se observa el parate a la actividad de la construcción, que busca salir de la crisis de los últimos años. A la vez, la incertidumbre de miles de vecinos que compraron lotes y construyeron. “Ahora, hay un bolsón de familias en la irregularidad”, concluyó un profesional que sigue de cerca la problemática y aclaró que fueron compradores de lotes de buena fe, “confiados en las modificaciones que se aprobaron por el concejo deliberante” pero más tarde fueron rechazadas en Provincia.

En la Ciudad hay una veintena de empresas especializadas en desarrollos. Un referente analizó con pesar que “lo que frena es la construcción porque hay gente que no compra al no saber el futuro del proyecto. Por ejemplo, no se puede aplicar el crédito hipotecario porque no se abren las partidas para lotear y escriturar”, dijo y añadió que “a la vez esto genera situaciones antirreglamentarias porque, al no ser apto banco un proyecto de una casa, se hacen obras sin permiso y no está claro si las aseguradoras de riesgo de trabajo cubren al personal”.