El superávit fiscal es un logro, ahora falta un acuerdo entre la Nación y las provincias

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La reversión del déficit fiscal que hizo el presidente Javier Milei fue impresionante. Superó las expectativas de cualquiera. Para tener una idea clara, 2023 cerró con un déficit financiero de -4,6% del PBI; 2024 cerró con un superávit financiero de 0,3%. Esto implica que el gobierno dio vuelta el resultado fiscal, en tan sólo un año, en 5 puntos del PIB.

El último intento por equilibrar las cuentas públicas lo hizo Cambiemos en 2019 con su política de “déficit cero”. Consistía en un equilibrio a medias porque dejaba fuera del déficit cero el pago de intereses de deuda. En aquel entonces se partía de un 2018 con un déficit primario de -2,3% del PBI que, más el pago de intereses de 2,7% del PIB, hacía un déficit financiero de 5% del PIB. En 2019 vino el “déficit cero” con innumerables críticas de todos los flancos, que no hacían más que torturar a los dirigentes de Cambiemos que tenían que ir a elecciones con la aceleración inflacionaria (54% anual, nada en comparación con lo que hay ahora) y el antipopular “déficit cero”.

Finalmente 2019 cerró con un déficit, reducido, pero déficit al fin, primario de -0,4% del PIB a lo que hay que sumarle el pago de intereses que se había ido a 3,4% del PIB por lo que el déficit financiero se mantuvo en -3,8% . Menos que el -5% del 2018, pero impagable igual porque en 2019 el país terminó “reperfilado”.

Al expresidente Alberto Fernández y su alianza nunca les interesó el equilibrio fiscal; al contrario, se chicaneaban entre ellos con la despectiva chanza de a ver quién era el “ajustador”, como era Mauricio Macri (según ellos), y la cosa terminó como terminó: 211% de inflación anual.

Vino Milei y no se anduvo con chiquitas. Superávit primario para compensar el pago de intereses de deuda a fin de lograr el equilibrio financiero. Y lo logró. ¿Cómo hizo? Con una tremenda licuación con inflación del gasto primario.

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El gasto primario (antes del pago de intereses) cayó en términos reales 4,5% del PIB. La contribución de los ítems de gasto a la licuación fue parejita. Las jubilaciones, los salarios públicos, los subsidios económicos y los subsidios sociales -que suman el 80% del gasto- se licuaron 0,6% del PIB cada uno, o sea que entre los cuatro aportaron un 2,4% del PIB de licuación. Dato aparte, las transferencias a universidades se licuaron en 0,2% del PIB por lo que hubo ajuste en universidades, pero fueron las que menos se ajustaron.

Luego vienen las dos vedettes del ajuste:

La inversión pública nacional que pasó de 1,2% del PIB en el 2023 a 0,4% del PIB en el 2024 o sea que se licuó en 0,8% del PIB .

Las transferencias discrecionales a provincias pasaron de 1,2% del PIB en el 2023 a 0,3% del PIB en el 2024 o sea que se licuaron 0,9% del PIB.

Por esto es que los que trinan con el ajuste de Milei son los sectores vinculados a la construcción pública y las provincias. Lo que sí, es que trinan por lo bajo porque la popularidad de Milei, al menos hasta ahora, es alta.

La cuestión es que el presidente Milei ya avisó: 2024 fue el de licuación; 2025 será el del congelamiento de la licuación”. Aquí hay que hacer algunas distinciones.

En lo que es gasto en jubilaciones, salarios y subsidios sociales y económicos se puede aplicar el congelamiento de la licuación. Se pasa a ajustar todo por inflación y listo. Incluso, hasta se puede avanzar aún más reduciendo subsidios económicos y gasto en empleados públicos.

En el caso de la inversión pública nacional, el gobierno apunta a la estrategia de delegar en el sector privado el financiamiento y la operación de la infraestructura pública. Es el camino moderno que usan los países desarrollados, aunque por su sofisticación legal, financiera y de riesgos de mediano plazo plantea un desafío grande. No es imposible pero hay que ponerse a trabajar ya mismo.

Freno impositivo a las provincias

El otro desafío grande es evitar que las provincias, ante la escasez provocada por el abrupto corte y ahora congelamiento de las transferencias discrecionales, den manotazos de ahogados y suban impuestos. En particular, Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio municipales.

Si esto sucede podrá haber equilibrio fiscal a nivel nacional, provincial y hasta municipal. Pero será a costa de una prolongada recesión debido a la falta de competitividad de la economía. Los tres factores que se combinan para minar la competitividad son el atraso cambiario (el tipo de cambio multilateral hoy es igual al de los ‘90s), con déficit de infraestructura por el ajuste en las cuentas públicas más la elevación de dos de los peores impuestos distorsivos que castigan la producción (Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio municipales).

La salida para preservar el superávit fiscal y mejorar la competitividad es con un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las Provincias.

Este acuerdo debe tener dos componentes. Un primer componente debe ser el ordenamiento funcional del sector público. Esto es dejar claramente especificadas las funciones de cada nivel de gobierno: el Estado nacional ejecuta funciones interprovinciales y las provincias con sus municipios se hacen cargo de las funciones locales. El objetivo es eliminar los solapamientos de funciones que dañan la calidad de la gestión pública. El otro componente es el ordenamiento tributario. También eliminar solapamientos de impuestos y dejar claramente establecido qué tributo financia a cada nivel de gobierno para cumplir con sus funciones.

De esta forma, se terminan para siempre de manera sustentable las transferencias discrecionales a provincias y se reemplaza la coparticipación por la correspondencia fiscal en la cual cada nivel de gobierno atiende su función con los impuestos que genera la producción de su territorio.

Es fundamental tener siempre esto en claro: la sustentabilidad fiscal con competitividad económica es una tarea de los tres niveles de gobierno: nación, provincias y municipios.

Por eso es imprescindible un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las Provincias.