La condena de Cristina: por qué piden 12 años de prisión

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la expresidenta Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Fuentes judiciales informaron que Casal presentó ante el máximo tribunal un dictamen de 13 páginas en el que mantuvo la postura de la Fiscalía de agravar la actual condena de la exmandataria: de seis años de prisión por administración fraudulenta a doce, incluyendo esta vez la asociación ilícita. También para que el monto de lo que se le decomise a los condenados sea de $5.321.049.272,42.

Así, ahora la pelota pasó a la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quedaron en condiciones de resolver la causa. En el mundillo político existe una expectativa especial sobre cuándo lo harán porque el fallo apelado incluye, además de la condena, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se sabe: la expresidenta podría ser candidata a diputada provincial en Buenos Aires, en las elecciones de septiembre, o a legisladora nacional en las de octubre.

La Corte tiene un expediente candente. Tendrá para resolver la postura de la Fiscalía -si agrava o no la pena-, la confirmación de la condena que le impuso el tribunal oral y, por otro lado, el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, que solicitó su absolución. Lo mismo hizo el resto de los condenados en el juicio. Entre ellos: el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, José Periotti, y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

¿Qué hará la Corte, que ahora tiene una gran lupa sobre su accionar? Y, se reitera, lo que también es clave: ¿Cuándo? Porque desde la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, que le hubiera impedido a Cristina ser candidata nacional en este turno por su condena en doble instancia, el destino electoral de la ex- Vice de Alberto Fernández está en manos del máximo tribunal. Si este confirma la condena en breve, no podrá presentarse como candidata, más allá del tema de los años de pena. ¿O dormirá el expediente?

Reseña: el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py condenó en diciembre de 2022 a Cristina Kirchner por administración fraudulenta y le impuso una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero la absolvieron por la asociación ilícita.

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese fallo en noviembre del año pasado. En ambos casos fue por mayoría 2 votos a 1 porque hubo magistrados que entendieron que la expresidenta debía ser condenada por la asociación ilícita. Fueron Andrés Basso, en el Tribunal Oral, y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación.

Así lo habían pedido los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, y el fiscal general de Casación, Mario Villar, con una condena de 12 años. Con aquellos votos 2 a 1 tanto el tribunal oral como Casación señalaron que no hubo asociación ilícita porque tomaron como un único hecho las irregularidades en las 51 obras públicas de 2003 a 2015 -los gobiernos de Néstor y Cristina-. recibieron las empresas de Báez. Para los jueces no hubo una pluralidad de delitos que lleven a una asociación ilícita.

Pero en su dictamen de ayer, el procurador Casal apoyó la apelación del fiscal Villar: “Con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, sostuvo. Y agregó: que “efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita”.

El Procurador también señaló que la Cámara de Casación no contestó el argumento de la Fiscalía de que los hechos atravesaron tres gobiernos durante 12 años. Y apoyó que se revoquen las absoluciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.

DE VIDO EN LA MIRA

Sobre De Vido, “amo y señor” de la obra pública durante el kirchnerismo, el Procurador señaló: “No existe una controversia con respecto a la contribución que, desde el plano material, prestó...al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.

“De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección -descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido-, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”, agregó Casal. Fuerte.

Sobre los decomisos, el Procurador avaló el pedido del fiscal Villar: la suma de 5.321.049.272,42. Se trata del valor de la defraudación actualizada al momento de ejecutar la sentencia. El monto había sido reducido por Casación.

En resumen, con su dictamen Casal pidió que Cristina, López, Periotti y Báez sean condenados por asociación ilícita. También De Vido. Por su parte, la defensa de CFK reclama a la Corte su absolución argumentando que hubo “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso”. Si hay confirmación de condena acudirán a organismos internacionales, avisaron.