Concejales de la UCR, Juntos por el Cambio, Evolución Radical y PRO de 25 de Mayo presentarán un proyecto en la próxima sesión del Deliberativo para solicitar la creación de una Fiscalía Descentralizada en el distrito. La iniciativa también busca poner en marcha la Casa de la Justicia y resolver la situación de la Ayudantía Fiscal.
Julián Burgos, concejal radical, aclaró que “la Ayudantía no se cierra, en todo caso deberá cambiar el lugar de atención, y debe quedar claro que es un organismo que depende de la provincia de Buenos Aires, no del Municipio”. El planteo surge tras la decisión del intendente Ramiro Egüen de dejar de pagar el alquiler del inmueble donde funcionaba dicha dependencia.
Burgos recordó que, hace más de un año, el intendente solicitó al Procurador General de la Provincia la transformación de la Ayudantía en Fiscalía y también la creación de una Casa de Justicia. El proyecto de resolución apoya esas gestiones y pide ampliar la jurisdicción del organismo con cuerpo pericial propio.
También se solicita implementar el Programa “Defensoría Civil Descentralizada en Casa de Justicia” para acercar el servicio judicial “a los sectores más postergados de la población”. Los ediles destacaron que estas casas funcionan en inmuebles municipales y promueven la gestión extrajudicial de conflictos, la vinculación comunitaria y el fortalecimiento de la Justicia local.
Por último, se recordó que la diputada provincial María Lorena Mandagaran presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que 25 de Mayo cuente con un Agente Fiscal con competencia también en 9 de Julio.
“El intendente Egüen ha tenido y sigue teniendo como política de gobierno fortalecer los vínculos institucionales con la Procuración General de la Suprema Corte”, señalaron los concejales, destacando convenios de cooperación tecnológica y capacitación firmados en 2024 sin costos para el Municipio.
Críticas al proyecto
El ex Intendente de 25 de Mayo Hernán Ralinqueo se reunió por este tema con el Procurador Julio Conte Grand. "Está sorprendido por la decisión totalmente unilateral del Intendente Ramiro Egüen de rescindir con un decreto (934/24) el Convenio Marco de Colaboración Institucional suscripto entre la Municipalidad de 25 de Mayo y el Ministerio Público para el funcionamiento de la Ayudantía fiscal", indicó Ralinqueo.
"Ahora dicen que quieren una fiscalía para tratar de tapar esta decisión que generó el repudio de toda la sociedad de 25 de Mayo, pero es falso", agregó.
Conte Grand le habría manifestado a Ralinqueo que "la Procuración busca sostener los acuerdos preexistentes" y le manifestó "la gravedad de la situación porque las ayudantías fueron creadas por ley".
"La ayudantía funciona en un inmueble propiedad de la Asociación Civil Hogar de Niños, alquilado por la Municipalidad de 25 de Mayo mediante contratos anuales, en el marco de un convenio de colaboración institucional con el Ministerio Público Fiscal. Desde el mes de enero de 2024 no se ha abonado el alquiler del inmueble, lo que también ha generado un perjuicio directo a la institución locadora", detalló Ralinqueo.
Repercusiones
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes manifestó “su profunda preocupación y categórico rechazo ante el posible cierre de la Ayudantía Fiscal con asiento en la ciudad de 25 de Mayo, cuya gravedad ha sido advertida en el día de ayer por la Asociación de Abogados de 25 de Mayo, así como por distintos actores institucionales y sociales.
"El eventual cierre de la Ayudantía Fiscal deriva de la rescisión del convenio de colaboración institucional formalizada mediante el Decreto Nº 934/2024, por el cual el Municipio de 25 de Mayo aportaba el inmueble donde aquella funciona. Esta circunstancia, de concretarse, implicaría un retroceso inadmisible en materia de acceso a la justicia, afectando directamente a la ciudadanía, al Ministerio Público Fiscal y al ejercicio profesional de la abogacía”, agrega.
Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense reclamó al Municipio de 25 de Mayo "la renovación del convenio de colaboración con la Procuración General, la continuidad de la Ayudantía Fiscal en su sede actual, garantizando condiciones laborales y edilicias adecuadas, y el compromiso institucional de preservar el derecho de la comunidad a acceder a la Justicia de forma cercana, efectiva y digna".
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