Bahía Blanca: proponen una ley para garantizar fondos a universidades públicas

En la Cámara de Diputados de la Nación se presentó el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, una iniciativa que apunta a garantizar la protección, el sostenimiento y la ampliación de los recursos para las universidades públicas del país.

El texto, firmado por representantes del sistema universitario y del arco político, contempla una fuente de financiamiento sin creación de nuevos impuestos y respetando el equilibrio fiscal del Estado nacional. El objetivo es alcanzar un presupuesto equivalente al 1,5% del PBI para el año 2031.

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El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, explicó que el proyecto “implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional” porque “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.

En la presentación también participó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del CIN, quien señaló: “Es una propuesta responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria, que es el Congreso de la Nación. Y es razonable porque plantea una solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado”.

El proyecto surgió tras el trabajo de una comisión ad hoc creada en el plenario del CIN realizado en San Luis en abril, donde se ratificó la “voluntad de diálogo del sistema universitario” y se solicitó al gobierno nacional “un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta”.

Según el CIN, “más del 70% de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza”, mientras que el presupuesto asignado para 2025 “representa apenas el 50% de lo necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades”.

El proyecto también establece la creación de un fondo para carreras estratégicas con un monto inicial de 10.000 millones de pesos, actualizable por inflación, y contempla el fortalecimiento de programas de becas como PROGRESAR y Manuel Belgrano.

Entre los organismos que respaldan la propuesta figuran el CIN, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), la Federación Universitaria Argentina (FUA), sindicatos docentes como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, AGD-UBA, y centrales obreras como las CTA, además del CONICET y redes universitarias federales.