Cristina candidata en Provincia: por qué competirá por la Tercera Sección y cómo podría evitar una eventual condena

En un nuevo giro político y judicial que vuelve a encender el debate público, Cristina Fernández de Kirchner ha confirmado su candidatura como legisladora provincial por la provincia de Buenos Aires y específicamente en la Tercera sección electoral, un movimiento que para algunos representa un intento de mantenerse en el centro del poder, y para otros, una estrategia para blindarse ante una eventual condena judicial.

La ex presidenta y actual figura clave del peronismo enfrenta una causa por corrupción en la obra pública durante su mandato, en la que ya fue condenada en primera instancia. Su postulación reaviva las sospechas sobre el uso de los fueros parlamentarios como escudo legal, mientras sus adversarios políticos cuestionan la legitimidad de su aspiración y el peronismo la defiende como víctima de una persecución judicial.

Tercera sección: por qué es importante

Con 19 municipios sobre los 135 bonaerenses, casi la totalidad está con el mando de intendentes peronistas: Almirante Brown (Cascallares, UP), Avellaneda (Ferraresi, UP), Berazategui (Mussi, UP), Berisso (Cagliardi, UP), Brandsen (Raitelli, UP), Cañuelas (Fassi, UP), Ensenada (Secco, UP), Esteban Echeverría (Gray, UP), Ezeiza (Granados, UP), Florencio Varela (Watson, UP), La Matanza (Espinoza, UP), Lanús (Álvarez, UP), Lobos (Etcheverry, PRO), Lomas de Zamora (Otermín, UP), Magdalena (Hourcade, PRO), Presidente Perón (Cantero, UP), Punta Indio (Angueira, UP), Quilmes (Mendoza, UP) y San Vicente (Mantegazza, UP).

De estos 19, en 13 habría cambios si no se logra la reelección indefinida. Y de ese total, 12 son de Unión por la Patria. Es la sección con más posibilidades de variantes detrás de la Qunta (20, siendo 8 de UP) y Primera (18, de los cuales 15 de UP).

Respecto a los diputados, los 18 deben dejar su banca en la Tercera y casi la mitad (8) corresponden al peronismo -dos de la Libertad, un par del PRO y restantes de otros partidos-. A nivel senadores provinciales, sin cambios aunque sí en Primera, Cuarta, Quinta y Séptima (23, de los cuales 12 son de UP).

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La Tercera es una de las dos secciones con más electores, junto con la Primera, y donde más diputados azules hay: 7 son en Primera, cinco en Cuarta, cuatro en Segunda, Quinta y Sexta, mientras que tres en octava y dos en séptima. Hoy, de las 92 bancas 37 son de UP, 24 del PRO, 18 de libertarios y las restantes divididas entre radicales y más.

Y en relación a las últimas elecciones que se dieron, en Buenos Aires votaron 10,6 millones sobre un total de 15 (es decir, el 76 por ciento). La Tercera es la más fuerte dentro del peronismo, contabilizando en la última un 51 % del total y superando a las restantes fuerzas juntas (22 de LLA y 21 del PRO). Es, como se lo llama, el 'Bastión del peronismo'.

UP debe mantener ese porcentaje del 45 en Provincia, que se promedia en un 39 por ciento partiendo cada sección. 

La causa en su contra: ¿puede evitar condena?

La causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner está en el centro del escenario político a medida que se acercan las elecciones legislativas de septiembre. La atención está puesta en el fallo pendiente de la Corte Suprema, que podría determinar el futuro judicial de la exmandataria. Sin embargo, los tiempos judiciales podrían jugar a su favor.

Según fuentes judiciales y analistas políticos, el momento en que se emita el fallo del máximo tribunal es clave. El 19 de julio vence el plazo legal para la presentación de candidaturas. Desde esa fecha, y de acuerdo con la jurisprudencia vigente, los postulantes adquieren fueros, es decir, inmunidad parlamentaria o institucional que impide su detención mientras ocupen un cargo electivo.

En este contexto, Cristina Kirchner oficializando su candidatura tendrá fueros desde el 19 de julio y si la Corte Suprema emite su fallo después de esa fecha quedaría amparada, siempre y cuando resulte electa. De esta forma, no podría ser detenida durante el ejercicio del cargo, a menos que renuncie voluntariamente o que el Congreso (en caso de ocupar una banca legislativa) autorice su desafuero.

La maniobra, que no es nueva en la política argentina, reaviva el debate sobre el uso de las candidaturas como estrategia de protección judicial. Sus críticos la acusan de instrumentalizar la política para evitar rendir cuentas ante la Justicia, mientras que desde el peronismo denuncian una persecución judicial orquestada para impedir su participación.

El fallo de la Corte Suprema aún no tiene fecha definida, pero su proximidad con el calendario electoral genera tensiones tanto en el ámbito jurídico como político.

Por ahora, todo depende del reloj judicial.