Patear el acuerdo por YPF podría poner al país al borde del desacato

La decisión del Gobierno de pedirle a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que suspenda el fallo que obliga al Estado a cederle las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera, sumado a la estrategia de apelar y la determinación de no negociar con los demandantes hasta tanto se resuelva el litigio coloca al país en riesgo de ser declarado “en desacato”.

Es lo que podría suceder si no se alcanza un acuerdo y se sigue dilatando el cumplimiento del dictamen de la magistrada. Si la jueza declara al país en desacato sería “muy grave, porque ahí ya estamos hablando de que se involucraría el Departamento de Estado de la Casa Blanca”, analizó al respecto Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en la materia que el lunes difundió la sentencia en la que Preska obliga al Estado a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos que demandaron por entender que fueron perjudicados con la expropiación de la compañía realizada en 2012, en la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Antes, la misma jueza condenó a la Argentina al pago de US$16.000 millones más intereses.

Si Argentina “no se apura a negociar y pagar o al menos a apelar con una garantía depositada”, insistió Maril, la magistrada podría ponerse firme y declarar el “desacato”, una medida que implica la desobediencia de un fallo judicial y, aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otra muy mala noticia para el país, dificultando todavía más el acceso al crédito internacional.

En este sentido, cabe recordar que el país ya cuenta con un agrio antecedente. En septiembre de 2014 se convirtió en la primera nación en ser penada bajo la figura legal del desacato por el juez Thomas Griesa, en el marco del juicio con los fondos buitres.

NEGOCIAR O NEGOCIAR

Por esto, “la Argentina debe negociar. Desde el 5 de abril de 2015, perdimos todas las instancias”, dijo Maril y sumó un dato: “Según las últimas estadísticas de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, en el último trimestre hubo 10,2% de reversiones. Es decir, que la Argentina tiene solo 10% de chance de revertir el fallo, hay 90% de probabilidad de que no lo dé vuelta”. Por lo que si no se llega a un acuerdo el Estado perdería el control de YPF.

Además, el experto criticó la estrategia legal del país. “Argentina no respeta las leyes internacionales, los fallos de las cortes internacionales”, aseveró y subrayó: “El fallo es culpa de Cristina y los intereses, de Milei, que no se está sentando a negociar”.

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Si bien reconoció que el Presidente avanzó en reformas significativas en otros planos, cuestionó que no realizó cambios en la estrategia legal internacional y continuó con la postura de anteriores gobiernos de agotar toda instancia judicial para intentar revocar sentencias previas y dilatar el proceso sin abonar el pago dispuesto ni alcanzar un acuerdo con las partes.

“Sigue la misma estrategia legal adoptada por gobiernos anteriores (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández), que es patear la pelota”, remarcó el consultor. Si bien aclaró que “no está mal esta postura”, alertó que “el problema es que nunca nos ha dado buenos resultados, por eso tenemos decisiones como la que vimos el lunes”.

Para Maril, “si Argentina hubiese admitido que hizo algo equivocado al expropiar YPF, al manipular las estadísticas del PBI, al expropiar Aerolíneas Argentinas, estos juicios se podrían haber resuelto por muchísimo menos dinero a través de acuerdos extrajudiciales”.