Crecen las millonarias multas del Ejecutivo por el uso de autos oficiales
Edición Impresa | 8 de Julio de 2025 | 03:02

El Gobierno de Javier Milei, desde su asunción, intentó diferenciarse de “la casta” con el mensaje de “pasar la motosierra” a los excesivos gastos de la política. De hecho, el recorte al uso desmedido de las flotas de autos oficiales fue una de las banderas de campaña del Presidente y sus principales ministros. En paralelo, con el paso de los meses se acumula el saldo deudor de millones de pesos que distintas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional tiene en el debe con la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal en conceptos de infracciones viales de vehículos estatales.
Según lo publicado por Clarín, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, reconoce que su flota de 27 vehículos acumula más de mil infracciones sin pagar. En otro caso, la Subsecretaría de Ambiente declaró más de $180.000.000 en multas entre la Ciudad y la Provincia. Varias áreas de menor jerarquía, como las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, suman deudas por más de $228.000.000.
El Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Luis Petri, también figura entre los organismos con multas impagas. Allí, el Servicio Meteorológico Nacional debe alrededor de $7 millones. Mientras que la Dirección General de Material de la Armada Argentina atribuyó muchas de sus infracciones a “errores administrativos”.
La Fuerza Aérea Argentina concentró un caso llamativo: 31 de sus 32 vehículos registran un total de 1.608 infracciones por más de $32 millones. Alegan “errores en la lectura en peajes”.
La Secretaría de Comunicación y Medios (a cargo de Manuel Adorni, con un móvil) o el Ministerio de Desregulación (que lidera Federico Sturzenegger, y reportó tres vehículos en total) respondieron “no contar con información sobre eventuales infracciones debido a que utilizan autos prestados por otras dependencias”, en el marco del decreto 585/2024. En el caso del Ministerio de Capital Humano, con 362 vehículos oficiales, indicaron que los datos se encuentran descentralizados en jurisdicciones y municipios.
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