Rechazan los pagos de empresarios y dicen que “la corrupción no se negocia”

La escena se dio ayer en una audiencia virtual del Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli. Con más de 90 participantes y demoras por problemas de conectividad, quedó a la vista la magnitud del proceso que se avecina: el 6 de noviembre comenzará un juicio oral histórico, con 174 acusados y 630 testigos, que se extenderá durante meses.

En ese marco, más de medio centenar de empresarios pidieron que se les permitiera acceder a la figura de la “reparación integral”, es decir, pagar para extinguir la acción penal. Alegaron que el proceso, por su magnitud, se volvería “interminable”, y que varios imputados superan los 70 años o atraviesan problemas de salud.

Los planteos incluyeron propuestas económicas de diversa magnitud. Entre las más altas, figuran: Hugo Dragonetti: $1.421 millones; Miguel Aznar: $1.100 millones; Julio José Paolini: $826 millones; Mario Rovella: $732 millones; Miguel Marconi: $527 millones; Gabriel Romero: $510 millones; Enrique Pescarmona y Rubén Valenti: $510 millones cada uno; Claudio Glazman: $306 millones; y Armando Loson: $181 millones.

También hubo ofrecimientos en dólares y bienes en el exterior. Ernesto Clarens, financista arrepentido, puso a disposición un departamento y un yate en Miami valuados en 1,5 millón de dólares. Sergio Taselli, en cambio, propuso 10 mil dólares. En paralelo, otros imputados solicitaron que se actualicen los embargos ya existentes: la justicia tiene cautelados bienes por alrededor de 1.100 millones de dólares.

La fiscal general Fabiana León fue contundente: “En esta fiscalía no se vende impunidad. La corrupción se juzga, no se negocia”, lanzó.

Según explicó, la reparación integral no puede aplicarse en casos de corrupción estructural porque “el daño no es patrimonial ni mensurable en dinero”. Lo que está en juego, subrayó, es la confianza de la ciudadanía en el Estado: “Erosiona la legitimidad, distorsiona decisiones administrativas y afecta la competencia. No hay víctimas particulares con quienes transar”.

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León alertó que aceptar los pagos abriría un “mercado de impunidad”: “El mensaje social sería letal. La ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos”.

El trasfondo de la causa

La investigación por los Cuadernos de las coimas estalló en 2018, cuando salieron a la luz las anotaciones de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta —mano derecha del entonces ministro Julio De Vido—. Los cuadernos detallaban supuestos traslados de bolsos con dinero que empresarios pagaban a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Para la justicia, existió una estructura de recaudación ilegal de fondos que funcionó entre 2003 y 2015, con 540 hechos delictivos comprobados y 26 calificaciones jurídicas distintas. La principal acusada es la ex presidenta Cristina Kirchner, señalada como jefa de la asociación ilícita. Los empresarios, en cambio, deberán responder por cohecho.

El rol del Gobierno

En la audiencia también intervino la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern. El organismo rechazó la propuesta de los imputados y sostuvo que la reparación integral es “jurídicamente inadmisible”.

“El dinero volverá a las arcas del Estado cuando se condene y se decomisen los bienes. No antes”, aclaró Galpern, alineándose con la posición de la fiscalía.

El valor del juicio oral

Para la fiscal Fabiana León, el proceso oral es imprescindible para marcar un precedente: “La confianza se honra ahora, rechazando reparaciones que privaticen el interés público y llevando la causa al debate oral. Allí se definirá verdad y responsabilidad (o absolución), y se ejecutará el recupero por las vías legales”.

En un alegato de fuerte contenido institucional, la fiscal concluyó: “El dinero no compra honra. La función del juicio es demostrar que las reglas funcionan también en los casos más difíciles. Sólo así se restituye la confianza en la justicia y en la democracia”.