Tapia apela, busca que lo dejen salir del país y pide su sobreseimiento

A un día de ser citado a declaración indagatoria, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un nuevo pedido de sobreseimiento en la causa que lo investiga por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de 19 mil millones de pesos.

Según fuentes judiciales, la defensa del titular de la AFA solicitó que intervenga la Cámara en lo Penal Económico para que revise la decisión del juez Diego Amarante, quien había rechazado un planteo previo de sobreseimiento tanto de Tapia como de la entidad.

El magistrado concedió la apelación y remitió el expediente a la Cámara, lo que abre una instancia de revisión paralela al proceso principal. En términos prácticos, se trata de un movimiento que busca ganar margen judicial mientras avanzan las indagatorias.

La prohibición de salida del país, otro frente en disputa

En simultáneo con la citación a indagatoria, el juez Amarante dispuso la prohibición de salida del país para Tapia y otros directivos involucrados en el expediente.

Esa restricción será objetada por la defensa del presidente de la AFA, que ya anticipó que solicitará autorizaciones especiales para que pueda cumplir con viajes previamente programados. “Ya tiene viajes previstos y se va a pedir autorización para que pueda viajar”, señalaron desde la entidad.

La jugada apunta a evitar que la medida cautelar afecte su rol institucional en el plano internacional, en un contexto en el que la conducción de la AFA mantiene compromisos ante organismos como la Conmebol y la FIFA.

La causa: 69 hechos y más de $19.353 millones

La investigación se originó tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el organismo, la AFA habría retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin ingresarlos dentro de los plazos legales.

En total, se investigan 69 hechos independientes por un monto de $19.353.546.843,85.

Los delitos encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que contemplan penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los fondos retenidos cuando superan los mínimos establecidos por ley.

El rol de la mesa directiva

De acuerdo con la presentación de ARCA, la gerencia contable confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien impartía la instrucción de pago. Posteriormente se generaban los Volantes Electrónicos de Pago (VEP) y se coordinaba la operatoria con el área de Finanzas.

El organismo recaudador sostuvo que las decisiones finales estaban concentradas en la mesa directiva, integrada por el presidente, el secretario general y el tesorero, quienes además firmaban los estados contables.

Para ARCA, resulta “difícil suponer” que una omisión extendida durante 19 meses consecutivos pudiera haberse producido sin conocimiento de las máximas autoridades de la entidad.

Capacidad económica bajo la lupa

Otro de los argumentos centrales de la acusación es que, durante el período investigado, la AFA registró importantes acreditaciones bancarias e incluso constituyó plazos fijos en pesos y dólares.

Según la querella, esos movimientos demostrarían que la entidad contaba con capacidad económica suficiente para cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que descarta —desde esa perspectiva— que se trate de un incumplimiento meramente administrativo o circunstancial.

Una estrategia en dos tiempos

Mientras se prepara para declarar el próximo 5 de marzo —fecha en la que comenzarán las indagatorias que se extenderán hasta el 9—, Tapia despliega una estrategia judicial en dos frentes: por un lado, insistir con el sobreseimiento ante la Cámara; por el otro, intentar flexibilizar la prohibición de salida del país.

La resolución de la Cámara en lo Penal Económico será clave para determinar si la causa continúa su curso hacia un eventual procesamiento o si prospera el planteo defensivo.

En el corto plazo, la disputa ya no se juega solo en el expediente principal, sino también en el terreno de las medidas cautelares. Allí, el presidente de la AFA busca ganar tiempo y margen de maniobra mientras enfrenta uno de los desafíos judiciales más delicados de su gestión.