Las obras sociales dejaron de ser la “caja” de los sindicatos (y de las prepagas también)

Por JORGE COLINA

eleconomista.com.ar

Los muchachos de la CGT sacaron un sesudo y criterioso documento alertando de que el sistema de obras sociales está colapsado. Lo hicieron en su carácter de dueños y administradores de las obras sociales sindicales.

Lo que señalan -con razón- es que el sistema está estructuralmente desfinanciado porque el aporte mensual promedio per cápita para gasto en salud del sistema de obras sociales es de $67.525 (monto chequeado con fuente de ARCA) cuando el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) se estima en unos $85.000 por persona. Evidentemente que esto no cierra.

Peor aún. El mismo documento de la CGT también alerta -con razón- que por la particular distribución de frecuencia de los salarios (una chi cuadrado, diría un estudiante avezado de Economía), debajo del promedio está el 67% de los trabajadores. O sea que esto no cierra por ningún lado porque la gran mayoría de los trabajadores tiene aportes salariales por debajo del PMO.

Los muchachos de la CGT también señalan -con razón- que hay un Fondo Solidario de Redistribución (FSR), conformado por el 15% de los aportes a las obras sociales, que se reparten como subsidios con criterios arbitrarios en lugar de tratar de tapar este agujero financiero. En suma, tienen razón.

Tan mal está financieramente el sistema de obras sociales que los muchachos de la CGT denuncian que tienen que poner “la de ellos” (la caja de los aportes sindicales compulsivos) para pagar prestaciones médicas que las obras sociales (la tradicional “caja de los sindicatos”) no pueden pagar.

Las empresas de medicina prepaga desde el año 1996 que entran al sistema de obras sociales a través de lo que se conoce como una “obra social derivadora” a sacar al 33% de los trabajadores que están por encima de los $67.525. Les venden sus planes de salud que ofrecen mayor accesibilidad a prestaciones médicas y confort en sus instalaciones. Esto es lo que se conoce como el “descreme” del sistema. Las prepagas se llevan la parte de arriba, la de la crema, que es la más rica de la torta.

Pero llegó el presidente Milei y diagnosticó que el problema del sistema de obras sociales no es financiero sino de intermediación. Las “obras sociales derivadoras” cobran una renta espuria por intermediar entre el trabajador y la empresa de medicina prepaga. Así que terminó con la intermediación de muchas.

Con el fin de la intermediación, el descreme quedó al desnudo: 50 empresas de medicina prepaga, que antes derivaban aportes, hoy se quedan de manera directa con el 36% de la recaudación del sistema de obras sociales y 290 obras sociales se quedan con el otro 64% de la recaudación. Cabe aclarar que esto no son nueva ganancias de las empresas de medicina prepaga, sino la foto de cómo estaba estructurado el sistema de obras sociales detrás del velo de la “derivación de aportes”.

OK con la foto. ¿Cómo sigue la película? Por esto el documento de la CGT tienen tanta importancia. Porque no lloran por la foto sino que advierten con honestidad brutal que la película es de terror.

Si vos tenés un mercado (aunque a la gente no le guste la palabra “mercado” en salud, pero es mercado porque la gente elige la obra social o prepaga) y el precio del producto (PMO) es de $85.000, la mayoría de la gente tiene aportes salariales por menos de este precio y la legislación te obliga a darle un PMO a toda persona, independientemente del precio del producto y de la capacidad de compra de la persona, ese mercado hace colapsar al que participe en él. Es jugar a la guerra naval en medio de una tempestad en alta mar.

¿COMO SE SALE DE ESTA?

El PMO fue creado por una resolución ministerial en 1996 como un listado de prestaciones médicas básicas. Pero sucesivas leyes lo fueron ampliando e incorporando prestaciones no médicas, como los servicios sociales a la discapacidad, a las adicciones, a la salud mental; como el listado no es taxativo se entiende que toda nueva innovación en medicina (como los medicamentos biológicos) están implícitamente incluidos y así el PMO devino en no financiable para el común de los trabajadores.

La base para comenzar a recomponer el sistema es restablecer la consistencia entre el costo de las prestaciones y el financiamiento que se dispone. Por un lado, hay que ordenar el PMO. Los servicios sociales para la discapacidad, adicciones, salud mental, geriatría deben ser financiados y gestionados por el Estado a través de sus órganos competentes como la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex-ANDIS), Sedronar y la Dirección Nacional de Salud Mental. Las innovaciones en medicina deben ser financiadas, cuando sean costo-efectivas, por la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías (CONETEC) con rentas generales. En otras palabras, volver a la idea original del PMO como un conjunto de prestaciones médicas básicas y convencionales.

En paralelo, es fundamental mejorar el financiamiento del 67% de los trabajadores que están por debajo de la cápita promedio. Esto es posible utilizando el 100% del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para elevar los aportes de las familias de menores ingresos, en lugar de destinarlo a subsidios que la propia CGT reconoce se asignan con criterios arbitrarios.