Polémica por ascensos de ex carapintadas

El Senado aprobó ayer el ascenso de 176 oficiales de las tres Fuerzas Armadas y postergó para el año próximo el análisis de tres casos correspondientes al Ejército y dos a la Marina, que fueron objetados por los organismos de derechos humanos por su supuesta participación durante la represión ilegal.
Durante la sesión de la Cámara alta realizada ayer, los legisladores incluyeron en las promociones a cuatro representantes del Ejército que fueron acusados de haber tomado parte del alzamiento carapintada de 1987. Estos casos dieron origen a un discusión más profunda.

Durante el debate, que se inició a las 12:45 y finalizó a las 14:10, el frepasista Pedro Del Piero, los justicialistas Carlos Verna y Beatriz Raijer y la neuquina Silvia Sapag propusieron la postergación del ascenso de esos cuatro oficiales del Ejército.
Se trata de los tenientes coroneles Luis Candia, Jorge Cáceres, Jorge Daura y Daniel Onetto, objetados por su presunta participación durante el alzamiento carapintada que encabezó el ex teniente coronel Aldo Rico en 1987.
El planteo no fue aceptado y la mayoría de los integrantes del cuerpo votaron finalmente la promoción al grado de coronel de los cuatro tenientes coroneles.
Los organismos de derechos humanos cuestionaron un total de 16 ascensos en las filas del Ejército y la Marina a quienes vincularon con violaciones a los derechos humanos e intentos de alzamiento contra el orden democrático, pero los legisladores sólo aceptaron analizar el año próximo con mayor detenimiento las impugnaciones de cinco casos.

Los oficiales impugnados cuyos ascensos quedaron postergados para el año próximo son los tenientes coroneles Alfonso Vaquero y Virgilio Alberto Moschino, además del coronel Hugo Casela, en tanto que en la Marina fueron objetadas las promociones de los capitanes de fragata Edgardo Rodríguez y Carlos Anzoátegui.
Vaquero, Moschino y Casela fueron señalados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Por otra parte, y según el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Rodríguez habría cumplido tareas en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina de Punta Mogotes y allí habría tomado parte de la represión ilegal en el centro clandestino de detención conocido como "El Prendedero".
El nombre de Anzoátegui habría figurado, en tanto, en una presentación realizada por un particular ante la CONADEP, que lo involucró en la muerte del soldado conscripto Carlos Juárez producida en 1977.
Finalmente, la subsecretaria del interior Nilda Garré, recibió críticas del propio gobierno y de la Alianza, por haber solicitado al Senado -mediante una carta- que rechace la promoción de militares acusados de violar derechos humanos o de haber atentado contra las instituciones democráticas. El ministro del Interior, Federico Storani, le aclaró ayer a los legisladores que el reclamo fue "a título personal" de la funcionaria.

La carta enviada por Garré provocó una dura reacción en el Senado. Dos radicales dijeron que "si no le gusta este gobierno, que renuncie", mientras legisladores peronistas consideraron sus opiniones como "irrespetuosas".