El comerciante Omar Alonso demandó al Estado bonaerense por 2.200.000 pesos
| 28 de Septiembre de 2000 | 00:00
El comerciante platense, Omar Alonso, quien fue procesado y luego absuelto en una causa que investigó si se apropió ilegalmente de una menor que sería hija de desaparecidos durante la última dictadura militar, presentó ayer una demanda por 2.200.000 pesos contra el Estado bonaerense.
En la presentación ante la justicia civil y comercial de nuestra ciudad, Alonso reclamó esa suma millonaria en concepto de daños y perjuicios al considerar que estuvo "injustamente detenido", 731 días, "a raíz de las falsas imputaciones", en una causa iniciada "por una denuncia anónima, cristalizada luego por la Asociación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo".
Alonso, con el patrocinio de los abogados Edgardo Bracco, Daniel Mercado y Julio Burlando, indicó que el 23 de diciembre de 1993 fue detenido por disposición del por entonces juez penal platense Pablo Peralta Calvo, quien un año después le dictó la libertad por falta de mérito.
También explicó que luego esa medida fue apelada por la fiscalía y la Cámara Penal platense revocó esa libertad y dispuso que sea nuevamente detenido.
El demandante sostuvo que permaneció en la cárcel desde el 7 de noviembre de 1994 hasta el 11 de febrero de 1996.
Además recordó que la fiscalía, al cerrarse el sumario, lo acusó por los delitos de "suposición de estado civil, sustracción de menor y falsedad ideológica de instrumento público, y pidió una pena de 7 años y 6 meses de prisión.
En la demanda se indicó que posteriormente fue absuelto al considerar el juzgado que en la causa "no se pudo acreditar la existencia del cuerpo del delito".
Como se sabe, actualmente la causa sigue abierta contra la mujer de Alonso, María Del Luján Di Mattias, y queda pendiente una extracción compulsiva de sangre para María Natalia Alonso (22).
Esa medida probatoria -mediante el uso de la fuerza pública- fue ordenada por la justicia penal platense, en el marco de la causa que intenta esclarecer si la joven es o no hija de desaparecidos durante la última dictadura militar.
El 14 de este mes, la joven fue detenida por segunda vez para realizar esa extracción sanguínea, pero se negó nuevamente y hasta amenazó con suicidarse.
Ante esa escandalosa situación, la jueza de transición de La Plata María Isabel Martiarena, ordenó que se le realice un estudio médico a la joven para que se pronuncie un diagnóstico sobre el estado emocional.
Fuentes de tribunales indicaron que los peritos judiciales no descartaron la posibilidad de que la joven pudiera adoptar alguna conducta extrema. Debido a ese cuadro la jueza decidió suspender la medida probatoria y que la joven quede en libertad.
Como se sabe, María Natalia, fue demorada por orden de la magistrada para intentar realizarle la extracción de sangre, prueba a la que se había negado en dos oportunidades en mayo pasado y debió ser liberada "porque estaba en juego su salud mental", según determinaron los peritos.
Luego de pasar la noche en la Comisaría de la Mujer, la joven fue trasladada a la Asesoría Pericial de La Plata, donde amenazó con quitarse la vida si le practicaban el examen, según denunció su padre legal, Omar Alonso.
La joven era buscada por la justicia en el marco de la causa originada a raíz de la denuncia, en 1986, de Abuelas de Plaza de Mayo que acusaron al matrimonio Alonso-Di Mattía de haberse apropiado ilegalmente de una beba nacida en cautiverio durante la última dictadura militar y anotarla como propia.
En febrero de 1997, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso la extracción compulsiva de una muestra sanguínea a la joven, en una resolución que se basó en un fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya había autorizado para estos casos la extracción compulsiva de sangre.
El juez penal a cargo de la causa en ese momento, Samuel Saraví Paz, sobreseyó a Alonso y dio cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara y encargó a la entonces Brigada de Investigaciones de La Plata la averiguación del paradero de María Natalia, quien nunca se presentó a la justicia ni pudo ser localizada.
La joven expresó en una nota dirigida a la justicia y que consta en el expediente, su negativa a que se investigue si es hija de desaparecidos e incluso le pidió al juez Saraví Paz en una carta que la dejara "vivir en paz".
Sin embargo, el 20 de mayo de este año, fue demorada por la justicia cuando asistía a una clase de Derecho en la Universidad Católica de la Plata para ser sometida a los exámenes a los que se negó a que se le practiquen.
En la misma resolución de la Cámara, el tribunal dispuso la revocatoria del sobreseimiento definitivo a Di Mattía que le había otorgado en su momento el juez y ordenó su inmediata detención.
La mujer fue detenida el año pasado y después liberada por falta de mérito.
Tanto Omar Alonso como Di Mattía se negaron sistemáticamente a ser sometidos a las pericias de histocompatibilidad para esclarecer su paternidad respecto de la joven que, en 1977, anotaron como hija propia.
En la presentación ante la justicia civil y comercial de nuestra ciudad, Alonso reclamó esa suma millonaria en concepto de daños y perjuicios al considerar que estuvo "injustamente detenido", 731 días, "a raíz de las falsas imputaciones", en una causa iniciada "por una denuncia anónima, cristalizada luego por la Asociación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo".
Alonso, con el patrocinio de los abogados Edgardo Bracco, Daniel Mercado y Julio Burlando, indicó que el 23 de diciembre de 1993 fue detenido por disposición del por entonces juez penal platense Pablo Peralta Calvo, quien un año después le dictó la libertad por falta de mérito.
También explicó que luego esa medida fue apelada por la fiscalía y la Cámara Penal platense revocó esa libertad y dispuso que sea nuevamente detenido.
El demandante sostuvo que permaneció en la cárcel desde el 7 de noviembre de 1994 hasta el 11 de febrero de 1996.
Además recordó que la fiscalía, al cerrarse el sumario, lo acusó por los delitos de "suposición de estado civil, sustracción de menor y falsedad ideológica de instrumento público, y pidió una pena de 7 años y 6 meses de prisión.
En la demanda se indicó que posteriormente fue absuelto al considerar el juzgado que en la causa "no se pudo acreditar la existencia del cuerpo del delito".
Como se sabe, actualmente la causa sigue abierta contra la mujer de Alonso, María Del Luján Di Mattias, y queda pendiente una extracción compulsiva de sangre para María Natalia Alonso (22).
Esa medida probatoria -mediante el uso de la fuerza pública- fue ordenada por la justicia penal platense, en el marco de la causa que intenta esclarecer si la joven es o no hija de desaparecidos durante la última dictadura militar.
El 14 de este mes, la joven fue detenida por segunda vez para realizar esa extracción sanguínea, pero se negó nuevamente y hasta amenazó con suicidarse.
Ante esa escandalosa situación, la jueza de transición de La Plata María Isabel Martiarena, ordenó que se le realice un estudio médico a la joven para que se pronuncie un diagnóstico sobre el estado emocional.
Fuentes de tribunales indicaron que los peritos judiciales no descartaron la posibilidad de que la joven pudiera adoptar alguna conducta extrema. Debido a ese cuadro la jueza decidió suspender la medida probatoria y que la joven quede en libertad.
Como se sabe, María Natalia, fue demorada por orden de la magistrada para intentar realizarle la extracción de sangre, prueba a la que se había negado en dos oportunidades en mayo pasado y debió ser liberada "porque estaba en juego su salud mental", según determinaron los peritos.
Luego de pasar la noche en la Comisaría de la Mujer, la joven fue trasladada a la Asesoría Pericial de La Plata, donde amenazó con quitarse la vida si le practicaban el examen, según denunció su padre legal, Omar Alonso.
La joven era buscada por la justicia en el marco de la causa originada a raíz de la denuncia, en 1986, de Abuelas de Plaza de Mayo que acusaron al matrimonio Alonso-Di Mattía de haberse apropiado ilegalmente de una beba nacida en cautiverio durante la última dictadura militar y anotarla como propia.
En febrero de 1997, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso la extracción compulsiva de una muestra sanguínea a la joven, en una resolución que se basó en un fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya había autorizado para estos casos la extracción compulsiva de sangre.
El juez penal a cargo de la causa en ese momento, Samuel Saraví Paz, sobreseyó a Alonso y dio cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara y encargó a la entonces Brigada de Investigaciones de La Plata la averiguación del paradero de María Natalia, quien nunca se presentó a la justicia ni pudo ser localizada.
La joven expresó en una nota dirigida a la justicia y que consta en el expediente, su negativa a que se investigue si es hija de desaparecidos e incluso le pidió al juez Saraví Paz en una carta que la dejara "vivir en paz".
Sin embargo, el 20 de mayo de este año, fue demorada por la justicia cuando asistía a una clase de Derecho en la Universidad Católica de la Plata para ser sometida a los exámenes a los que se negó a que se le practiquen.
En la misma resolución de la Cámara, el tribunal dispuso la revocatoria del sobreseimiento definitivo a Di Mattía que le había otorgado en su momento el juez y ordenó su inmediata detención.
La mujer fue detenida el año pasado y después liberada por falta de mérito.
Tanto Omar Alonso como Di Mattía se negaron sistemáticamente a ser sometidos a las pericias de histocompatibilidad para esclarecer su paternidad respecto de la joven que, en 1977, anotaron como hija propia.
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