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En casi todos los países del mundo, los servicios de inteligencia constituyen un entramado enigmático y misterioso del que dan cuenta, con mayor o menor realismo, miles de novelas, películas y series televisivas. Desentrañar el mundo de los espías es tarea ardua y conduce muchas veces al desconcierto.
Algo de esto parece estar ocurriendo en estos días en la Argentina, a partir de la extraña muerte de un fiscal de la Nación.
La propia Presidenta ha puesto el foco en los servicios de inteligencia. Y ha reconocido, en el epílogo de los doce años que suman sus gestiones y la de Néstor Kirchner, que algo anda demasiado mal en la estructura de espionaje e inteligencia interna.
Muchos analistas destacan, sin embargo, que la disolución de la ex SIDE y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia tras el escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman no despeja las sombras sobre el funcionamiento de la llamada “cloaca” del Estado.
Cristina Fernández sacudió de nuevo el ya revuelto tablero político argentino cuando retomó la iniciativa política anunciando un golpe contra la estructura de Inteligencia y alimentó la teoría de la conspiración para desestabilizar a su Gobierno.
Postrada en sillas de ruedas, en su residencia presidencial y vestida íntegramente de blanco, Fernández cuidó cada detalle en el mensaje grabado que dirigió a los argentinos por cadena nacional.
ACUSACIONES
La Presidenta vinculó a la Inteligencia con la muerte de Nisman, con el boicot al acuerdo alcanzado con Irán, con las sucesivas denuncias en su contra y con intereses ocultos para que no se descubra la trama del atentado contra la AMIA, el peor ataque contra intereses judíos desde la II Guerra Mundial, que dejó 85 muertos en 1994.
La Agencia que propone Cristina Fernández concede más poder a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Alejandra Gils Carbó, una mujer de la plena confianza de la mandataria, blanco de las críticas de la oposición por su parcialidad política.
La reforma, que comenzará a debatirse la próxima semana en el Congreso y que según la Presidenta era una “asignatura pendiente” de la democracia argentina, deja todavía sin despejar muchas dudas sobre el funcionamiento de los servicios de Inteligencia en el país.
Las mayores críticas de oposición y analistas se centran en el aumento de competencias de la fiscal general y en la duración de los cargos, cuatro años, lo que implicaría que el próximo Gobierno, que se elegirá en octubre, tendría que trabajar con jefes de Inteligencia elegidos en el mandato de Cristina Fernández.
Las críticas alcanzan también al jefe del Ejército, César Milani, responsable de la Inteligencia Militar y denunciado por su actuación durante la dictadura, que queda fuera de la órbita de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La Presidenta vinculó a la Inteligencia con la muerte de Nisman y con el boicot al acuerdo alcanzado con Irán
A falta de conocer los pormenores de la propuesta presidencial, oposición y analistas se preguntan por qué plantea ahora la disolución de la Secretaria de Inteligencia, tras doce años en el poder y en la recta final de su mandato, y advierten contra una posible “operación cosmética” para distraer la atención en medio de un escándalo político sin precedentes en una década.
“La Secretaría de Inteligencia no va a cambiar con un cambio de nombre, sino con un cambio de política”, advirtió Mauricio Macri desde su posición de líder opositor y aspirante a la Presidencia.
“Suena extraño” que tras doce años en el poder, el kirchnerismo inicie esta transformación “a las puertas de su retiro y en una etapa de total desprestigio y frente a una acusación tan grave como la del fiscal Nisman”, explica el analista Jorge Arias, de Polilat.
Arias aprecia un intento de “cubrir la retirada del Gobierno” y atribuye la teoría de la conspiración apuntada por Cristina Fernández “a una de las acostumbradas acciones de la Presidenta de atropellar tratando de producir cambios cosméticos que no cambien nada para que parezca que ha resuelto todas las denuncias contra el Gobierno”.
Para Virginia García Beaudoux, codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, la nueva Agencia que reemplazará a la ex SIDE puede contribuir a aumentar la transparencia de la Inteligencia, pero es “preocupante” que amplíe el poder de la fiscal general, Gils Carbó, por “su profundo compromiso con la Presidenta”.
La reforma de Cristina Fernández abre también otras incógnitas. Por ejemplo, qué destino espera a los agentes de Inteligencia que no entren en la AFI (sigla del nuevo organismo), cuál será su presupuesto o cómo se equipará, especialmente después de que el Gobierno ha reconocido que, hasta hace poco, los espías argentinos grababan escuchas telefónicas en casetes.
¿Aceptarán los espías relevados pasar a retiro? A juzgar por las denuncias de la Presidenta, al menos uno no lo hizo de buen grado: Antonio “Jaime” Stiuso, exjefe de Operaciones de Inteligencia, estrecho colaborador del fiscal Nisman, relevado en diciembre y a quien la Cristina Fernández señala como instigador de la supuesta confabulación contra su Gobierno.
DEBATE ABIERTO
La semana próxima, seguramente, el Congreso se enfrascará en el debate del proyecto que remitirá el Ejecutivo para reformar la estructura de Inteligencia. El oficialismo tiene, en principio, los votos para aprobarlo. ¿Pero puede avanzarse en una reformulación de fondo sin alcanzar acuerdos de Estado en una materia tan sensible?
Un punto parece determinante. Si el Gobierno aspira a a designar, con acuerdo del Senado -donde tiene mayoría-, a la conducción de la Agencia de Inteligencia por un lapso de cuatro años, todo podría quedar impugnado como una maniobra para mantener el control de ese resorte clave del Estado más allá del vencimiento de su mandato.
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