El costo de pagar un bono de fin de año a los estatales

El avance inflacionario evidenciado durante el último año dejó como resultado un retraso relativo en el incremento de los salarios en muchos sectores de la economía y frente a los reclamos que genera esta situación, los gobiernos provinciales buscan alternativas para aplicar un paliativo que recupere el poder adquisitivo de sus empleados en la última etapa del año.

Según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la discusión de las últimas semanas está centrada en el ofrecimiento de un bono de fin de año que podría rondar los $3.000 en promedio, si bien su monto sería variable entre provincias.

Según el trabajo, para estimar el costo fiscal se utilizó el último dato oficial disponible y comparable del número de empleados públicos provinciales, correspondiente al año 2014.

Se supone que la cantidad de empleados no ha disminuido en el tiempo transcurrido hasta la actualidad, por lo que la estimación sería, en todo caso, un “piso” de costo fiscal.

El cálculo directo arroja un valor de 6.361 millones de pesos para el consolidado provincial. Como es lógico, la provincia con mayor costo fiscal sería Buenos Aires, al tener un mayor número total de trabajadores en el sector público provincial, con un costo de $1.939 millones.

Al estimar el monto acumulado a diciembre de 2016 de la Coparticipación Federal de Impuestos y del Fondo Federal Solidario (FFS), se procede relativizar el costo fiscal de entregar un bono a cada empleado público de las provincias.

EN CAPITAL FEDERAL

La jurisdicción que tendría el mayor costo fiscal en relación a los ingresos mencionados es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La erogación necesaria para otorgar un bono representa el 2,1% de la coparticipación y superaría en un 22,2% al monto que recibirá en concepto de FFS durante el año 2016.

En el otro extremo, la provincia de San Luis tiene el menor costo fiscal relativo, dado que la erogación necesaria representaría el 16% del fondo sojero y solamente el 0,5% de la Coparticipación.

En conjunto las provincias enfrentarían un costo fiscal equivalente al 31,7% del fondo sojero, o alternativamente al 1,1% de los envíos totales por coparticipación de 2016.

La misma información puede ser evaluada desde un ángulo alternativo, tomando la cifra en pesos por habitante que representaría para cada provincia el pago de un monto extraordinario como el mencionado bono. En promedio, el hacer frente a este gasto adicional haría que los fiscos provinciales impongan a cada habitantes un costo de $150 pesos extra.