Conferencia de Conte Grand en Morón sobre límites a la violencia

El futuro Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, encabezó en la localidad bonaerense de Morón un seminario en el que se analizaron los límites a las violencias, en especial las que victimizan a la niñez, las mujeres y las personas privadas de libertad. El evento fue coorganizado por el FOJUDE y la Defensoría de Casación. Además se abordaron los "limites a las violencias, que obligan a una recomposición institucional a través de reformas estructurales. Y así lograr un abordaje integral".  

Durante el seminario, el Defensor ante la SCBA, Mario Coriolano,  presentó el nuevo informe de torturas y planteó la necesidad de una reestructuración y recomposición  institucional, que incluya  la necesaria independencia de la defensa de los pobres, para fortalecer su protección y así reducir las violencias.

En ese sentido, Coriolano señaló expresamente el apoyo a las propuestas de Julio Conte Grand e hizo votos por su designación como nuevo Procurador General.

Además las funcionarias responsables de las políticas de Niñez y género - Pilar Molina y Daniela Reich -  plantearon los logros y desafíos.

En el seminario, Conte Grand se explayó sobre la reestructuración institucional como reaseguro de la tutela de la dignidad humana. Mientras que Fernando Domínguez habló sobre la política criminal y la investigación de los delitos.

La jornada fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados y fue auspiciada por la SCBA.

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Informe sobre torturas y causas armadas del 2016

El Defensor ante la Suprema Corte bonaerense, Mario Coriolano, dio a conocer información del Registro de casos de Torturas y tratos inhumanos

La información presentada da a conocer 485 casos relevados por integrantes de la Defensa Pública, ocurridos en la Provincia de Buenos Aires e incorporados al Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de la Defensoría de Casación, entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2016.

La totalidad de los hechos se relacionan con indicadores de “tortura/trato inhumano”, “agravamiento de las condiciones de detención”, “causa fraguada/prueba falsa y “obstaculización al ejercicio de la Defensa”. De la cifra registrada, 406 casos corresponden a hechos de torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes –de los cuales 70 casos tienen como víctimas a niños o jóvenes menores de 18 años de edad-.  Estos casos se agregan al total de 11.709 hechos  que obran en el historial del Registro, iniciado en marzo del año 2000.

En cuanto a los autores de las agresiones, en 184 casos, las víctimas denunciaron haber sufrido torturas o tratos inhumanos a manos de personal de la Policía Bonaerense; mientras que en 216 casos, los responsables habrían sido personal del Servicio Penitenciario provincial. Los casos restantes habrían tenido por responsables a agentes de la Policía Local y en un caso se señala a una Fiscal y una Jueza del Departamento Judicial de San Nicolás como responsables de proporcionar un trato cruel  o inhumano a una persona de 78 años de edad.

La cantidad y crueldad de muchos de los casos registrados, da cuenta de una cotidianeidad institucional signada por la violencia ilegal: en 325 casos las víctimas relataron haber recibido golpes de puño y patadas de parte de agentes del SPB (149 hechos) y de la Policía (171 hechos), o golpes con objetos (40 hechos) como palos y armas de fuego. A estas modalidades se les agrega otras prácticas abusivas como torturas mediante aislamiento, asfixias, abuso sexual, quemaduras, agresiones con armas, entre otras. Por otra parte, la información brindada revela que en 308 casos las víctimas denunciaron un ilegítimo agravamiento de sus condiciones de detención donde la problemática más denunciada vuelve a ser la ausente o deficiente atención médica de los detenidos en las prisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense (50%), seguida por la  inadecuada o falta de alimentación (9%), hacinamiento (8%) y malas condiciones de higiene (7 %).

Nuevamente el alto nivel de confidencialidad existente al momento de denunciar vuelve a presentarse en el presente período: mientas que 213 casos fueron puestos en conocimiento de algún funcionario judicial, en 193 casos las víctimas solicitaron a su defensa mantener en reserva lo sufrido, manifestando que preferían omitir toda denuncia formal para evitar problemas con los agentes penitenciarios de la unidad penal donde se encontraban detenidos (o en otras donde podían ser trasladados), o con los policías que lo detuvieron.

Los 485 casos relevados en el período dan cuenta de la sistematicidad con que la violencia institucional es desplegada en ámbitos penitenciarios y policiales, circunstancias que han sido advertidas por la CIDH en su reciente visita  a nuestro país en el mes de septiembre[1]. En razón de ello, la Defensoría de Casación Bonaerense ha elaborado una serie de recomendaciones  a los Poderes del Estado involucrados destinadas al tratamiento de estas situaciones, entre las que se destacan: prohibir a alojar a niños en comisarías, eliminar el aislamiento como práctica sistemática, mejorar el acceso a la salud para las personas privadas de la libertad, entre otras. Ello, con el objeto de que la Provincia de Buenos Aires alcance los estándares marcados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, y el ordenamiento internacional de derechos humanos.