Crece la presión internacional por la libertad de Milagro Sala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ahora al Estado argentino a dar “pronta respuesta” a la decisión del grupo de trabajo de Naciones Unidas, que calificó la detención de la dirigente social Milagro Sala de “arbitraria”, y reclamó su “liberación inmediata”.

En un comunicado fechado en Panamá, el organismo dependiente de la OEA manifestó que Sala “es una conocida líder de la sociedad civil” y aseguró que fue detenida “en el contexto de una protesta social”.

En el documento, la CIDH citó al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria recordando que “la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión”. También recordó recientes manifestaciones del titular de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, en favor de la liberación de la líder social. Al cruce le salió la canciller Susana Malcorra.

El “caso Sala” se ha convertido en el primer escollo internacional que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri

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Además, en un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, figura bajo la que está encarcelada Sala desde el 16 de enero, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la base para la regla general de que “toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad”.

“La prisión preventiva es excepcional, sólo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva”, explicó el comunicado de la CIDH.

ACCIONES “URGENTES”

De esa forma, la Comisión expresó su “preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada” de Sala, y llamó al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, “a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo” de la ONU.

Además, recordó que “si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy”.

La CIDH siguió de cerca esta situación, en el marco de una solicitud de medidas cautelares y recordó que “ha solicitado y recibido información a las partes en múltiples ocasiones”.