Justificada inquietud por la reiteración de incidentes en los tribunales penales

El intento de suicidio protagonizado hace pocas jornadas en la sala de audiencias de los Tribunales penales de La Plata por un joven, a instantes de escuchar el veredicto que lo condenaba en el caso de una joven que fue golpeada y abusada en 2012, merece una especial consideración pues constituye un hecho que se suma a otros de igual naturaleza violenta, en un ámbito que debiera estar mejor resguardado frente a estos episodios de inseguridad.

Tal como se informó, a poco de conocer la sentencia que lo condenaba a 19 años de prisión tras haber sido encontrado responsable, junto a otros cuatro hombres, de ese caso, el joven acusado sacó de una de sus zapatillas un elemento cortante y con extrema frialdad se cortó el cuello.

Como es de suponer, el intento de suicidio provocó corridas y escenas de pánico entre los presentes en la sala, en instancias en las que actuó con rapidez personal del Servicio Penitenciario que impidió que el joven se infiriera más daño, trasladándoselo a un centro de salud en donde, luego de las intervenciones médicas de rigor, quedó fuera de peligro.

Lo cierto es que, con posterioridad, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal IV, en declaraciones periodísticas, aludió a la situación de riesgo de sufrir ataques a la que se ven expuestos quienes trabajan en la sala de audiencias y reclamó que se extremen los controles para evitar que se produzcan hechos similares en el futuro.

Como se recordará, años atrás un juez penal fue agredido por una mujer que en la audiencia oral extrajo un cuchillo y amenazó con emplearlo, tanto contra él como contra los otros dos integrantes del tribunal que habían actuado en el juzgamiento de una persona acusada de haber matado a su hijo. Está claro, entonces, que estas situaciones se presentan en un edificio que, como el de los tribunales penales platenses, no se caracteriza por su seguridad. Por el contrario, en el curso de los últimos años se han reiterado incidentes que demuestran la falta de garantías físicas existentes.

Robos de objetos guardados en los juzgados o en perjuicio de automóviles estacionados en el patio interior, presos que protagonizan fugas tan espectaculares como riesgosas para terceros, peleas entre asistentes a los juicios orales con profusión de amenazas hacia jueces, fiscales o defensores, forman parte de un panorama absolutamente impropio para una casa de Justicia.

De allí la necesidad de que, quienes son responsables de la seguridad de los tribunales impulsen medidas que consoliden los servicios de custodia y con los demás recursos imprescindibles para garantizarla, entre otros un detector de metales que impida el ingreso de personas armadas. Nada justifica que el edificio pueda encontrarse en una situación de desprotección o que, en el caso de las audiencias orales, puedan desencadenarse desórdenes riesgosos para la integridad física de los presentes.

Resultaría por lo pronto inconcebible permitir que las sedes del Poder Judicial puedan permanecer en situaciones de indefensión, con los magistrados expuestos a estas y otras agresiones o actos de vandalismo.

Aun cuando resulte evidente que aquí se ha tratado de un desborde emocional por parte de un acusado, en todo caso explicable, lo que importa es destacar que deben extremarse recaudos para evitar que se repitan incidentes como el ocurrido y que, afortunadamente, no derivó en secuelas más graves.