En 2013 denunciaron presuntos hechos de corrupción

Héctor Oscar Scavuzzo, uno de los seis detenidos en el marco de una investigación por presunta corrupción en el Astillero Río Santiago, negó en 2013, cuando se desempeñaba como presidente del predio de Ensenada, las versiones periodísticas que por ese entonces lo involucraban con el nombramiento de empleados truchos para hacerse de sus salarios y el pago a punteros justicialistas.

El 6 de septiembre de ese año el diario Clarín publicó en una nota que Scavuzzo habría incorporado a la nómina de empleados del Astillero  a al menos seis personas de Coronel Pringles -localidad bonaerense de la que fue intendente- que no desempeñarían labor alguna.

Entre esas personas -se publicó- figurarían el edil Ezequiel Grilli, Julieta Riat (hija del edil Juan Carlos Riat), Juan Pedro Iribarren, Juan Antonio Koppel y Gonzalo Heredia (hijo del dirigente Juan Carlos Heredia). Todos ellos percibirían salarios que rondarían los 25 mil pesos mensuales.

 A estos casos se sumaría el del jornalero Gustavo Ferreyra. Según Clarín  a él le habrían sacado su DNI para anotarlo en el Astillero y cobrar su salario de más de 24 mil pesos.

Según el matutino, habría sido la propia mujer del jornalero la que descubrió la maniobra y denunció el caso ante la Justicia.

Al día siguiente desde Astillero Río Santiago emitieron un comunicado a través del cual Scavuzzo negó todas las acusaciones y puntualizó que, de todas las personas mencionadas por Clarín, sólo una sigue prestando servicios efectivos en la empresa, dado que los demás se desvincularon cuando finalizaron sus respectivos contratos.

"La persona que actualmente presta servicios es un licenciado de Administración con posgrado en Comercio Internacional, que se desempeña como asesor del presidente (Scavuzzo) y que, dada su condición de concejal electo en Coronel Pringles, ha renunciado a su dieta y percibe solamente el sueldo del Astillero, todo dentro del marco de la ley", afirmó, en relación a Grilli.

Scavuzzo reconoció que existía una denuncia por el caso del jornalero Ferreyra y que se había puesto a disposición de la Justicia "a los efectos de dejar aclarada la situación", y remarcó que hasta el momento "no existe ningún tipo de requerimiento".

Por último, resaltó que durante su gestión "se adoptaron medidas para optimizar la transparencia y la calidad de gestión".