Más datos que alarman: 67.000 causas por violencia de género

El año pasado, de las 746.687 causas penales que se iniciaron en la provincia de Buenos Aires, 67.685 fueron por violencia familiar o de género, es decir el 9,1%. Pero también, se cometieron al menos 98 femicidios durante 2015 en territorio bonaerense, incluyendo los de seis niñas y nueve adolescentes. Los datos, escalofriantes, corresponden al registro de causas judiciales elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, y se conocieron ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El informe, realizado por el organismo que conduce María del Carmen Falbo, se hizo en base a los datos cargados en el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), que cuenta con un Registro Penal de Violencia Familiar y de Género.

En el documento de la Procuración, se reconoce que “no todos los hechos son denunciados, por lo que se estima que existen una gran cantidad de casos que no llegan a la instancia judicial”.

Respecto a los femicidios, el relevamiento detectó que la mayoría de las víctimas -el 31 por ciento- tenía entre 21 y 30 años, pero también fueron asesinadas cuatro niñas de hasta 10 años y dos que tenían entre 11 y 15, a lo que se suman nueve adolescentes de entre 16 y 20 años.

Por esos asesinatos, hay 108 imputados, ya que algunos fueron cometidos por más de un hombre, y la mayoría de ellos -el 36%- tiene entre 18 y 30 años.

El 70,8% de los acusados eran parejas de las víctimas, otros eran familiares o conocidos y sólo el 1,1% eran extraños. Además, hubo tres femicidios ocurridos en relaciones de noviazgo. Ocho crímenes fueron con fuego, y la mayoría de los hombres eligió matar con armas y con golpes.

Si bien el organismo aclaró que esta información es preliminar, dado que el análisis de homicidios dolosos consumados “se encuentra en proceso de elaboración”, hubo al menos un femicidio en todos los departamentos judiciales, a excepción de Bahía Blanca, donde, curiosamente, no se registró ninguno.

EL ACCESO A LA JUSTICIA

A modo de conclusión, el documento resalta que la violencia contra la mujer “no admite dilaciones ni compartimientos estancos”, e insta a “remover los obstáculos que impiden el pleno acceso a la justicia de las víctimas”.

También brega por “la aplicación de políticas y prácticas para la contención y atención” de las mujeres en situación de violencia, “resolviendo con celeridad” cada uno de los casos.

“Estos datos -señaló la doctora María del Carmen Falbo- nos permiten efectuar ajustes en la modalidad de trabajo y en la conformación de los equipos, respondiendo a la dinámica y caracterización del problema adecuando políticas, estrategias y capacitaciones en este Ministerio Público”.