Hotesur: el Gobierno pidió ser parte de la causa contra Cristina

El Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), solicitó hoy al juez federal Daniel Rafecas que lo admita como parte querellante en la denominada “causa Hotesur”, en que se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su entorno familiar por los hoteles de su propiedad.

El organismo realizó ayer por la mañana una presentación ante el Juzgado Federal 3, del juez Daniel Rafecas, para ser parte en la causa caratulada como “Fernández de Kirchner Cristina y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Para la OA es relevante ser querellante porque se investiga “la eventual responsabilidad” de una ex jefa de Estado y de otros altos cargos, como el ex ministro de Justicia kirchnerista Julio Alak y funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Este ente presuntamente permitió a Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, permanecer sin presentar los balances contables obligatorios entre 2011 y 2013, así como no registrar ningún documento societario relativo a la integración de los órganos directivos de la sociedad.

Para la OA es relevante ser querellante porque se investiga “la eventual responsabilidad” de una ex jefa de Estado y de otros funcionarios, entre ellos el ex ministro de Justicia Julio Alak

Además, la Oficina enfatiza que Cristina Fernández “justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado”, según transmitió en un comunicado.

La investigación también abarca relaciones comerciales supuestamente ilícitas entre la familia Kirchner y empresarios afines, como Cristóbal López y Lázaro Báez, que también están en la mira dentro de otras causas.

La Oficina pide en su presentación que se profundicen las pesquisas sobre esos vínculos.

“En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales”, añadió.

Para la OA, hay que determinar es si las “contrataciones entre las sociedades de la familia presidencial y aquellas que pertenecen a empresarios contratistas de obra pública” esconden “mecanismos para reingresar al circuito comercial dinero negro” o si “disimulan el pago de comisiones ilícitas” a los Kirchner.

En ese sentido, la Oficina, dirigida por la oficialista Laura Alonso, pide revisar las declaraciones patrimoniales juradas de la ex presidenta, en busca de “”omisiones e inconsistencias”.

“La investigación no debe limitarse a la verificación de la correspondencia técnica en la declaración y su ajuste formal a la norma, sino que se debe establecer si esas irregularidades no evidencian, en realidad, asientos falsos o sobredimensionados, destinados a justificar un incremento patrimonial ilícito”, destaca el escrito.

Por último, la OA pone también en la mira a los funcionarios de las áreas de comunicación y prensa de la Presidencia durante el gobierno de Cristina que utilizaron medios públicos (como redes sociales oficiales o la agencia oficial de noticias Télam) para emitir comunicados de Hotesur respecto a la causa que roza a la ex mandataria.