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Por MARIANO SPEZZAPRIA
La detención de Lázaro Báez sacudió esta semana a la política y la Justicia
Twitter: @mnspezzapria
El Gobierno necesita reactivarse. No es que los ministros hayan dejado de abocarse a sus funciones, pero en los últimos días tanto el Gabinete como el propio presidente Macri se la pasaron dando explicaciones sobre el escándalo de los “Panamá Papers” y las sociedades “offshore”. No es para menos, pero hay otros asuntos relevantes que aguardan soluciones.
La oposición necesita reenfocarse. Especialmente el peronismo, que participó de la década kirchnerista en el poder y que ahora observa perplejo cómo avanzan las investigaciones de jueces y fiscales por la “ruta del dinero K”. Tanto, que la ex presidenta Cristina Kirchner acaba de ser imputada por lavado de dinero, tras la explosiva declaración del “arrepentido” Fariña.
En medio de semejantes revelaciones, la sociedad argentina queda descolocada. Hace sólo cuatro meses que la mayoría de los ciudadanos encumbró a un nuevo elenco gobernante con el mandato de mejorar la gestión pública, arreglar la economía y bajar los niveles de agresión política. También de cerrar el grifo de la corrupción, que inundó a buena parte del Estado.
En la vereda de enfrente, otra porción de la misma sociedad, ahora minoritaria pero no por ello menos intensa en sus creencias, asiste aturdida al devenir de las causas judiciales que afrontan sus líderes. Mientras que empieza a ratificar sus prevenciones sobre el rumbo que adoptaría Cambiemos, al que emparentan con el ajuste económico.
Ni unos ni otros están cómodos con el presente argentino. Los que apoyan al Gobierno, porque a pesar de que festejan el avance de las investigaciones sobre la corrupción kirchnerista, saben que la vida cotidiana está seriamente afectada por la inflación, un fenómeno que provoca graves problemas sociales. La administración macrista está tomada por esa preocupación.
Por eso estaría decidida a avanzar con medidas que vienen siendo postergadas, por motivos no explicados todavía. Por caso, la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica, que sería anunciada el martes al cabo de una reunión del Gabinete nacional en Quilmes. El mensaje de alivio estaría destinado a sectores medios y bajos que residen en el Conurbano.
En esa región, la más densamente poblada del país, se puede registrar en los próximos meses un aumento considerable del costo de vida, a partir de la entrada en vigencia de nuevos cuadros tarifarios en los servicios y el transporte público. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, debió admitir en ese sentido que la meta del 25% de inflación anual tiene que ser revisada.
El Gobierno viene prometiendo que en el segundo semestre se empezará a notar una baja de la inflación. Pero al ritmo actual, desde julio debería dar un promedio de 0,2% mensual hasta diciembre si es que se aspira a cumplir la meta original. Prácticamente un imposible, si se tiene en cuenta que los especialistas anticipan que la medición de marzo estará por encima del 6%.
El próximo martes, también, se difundirá nuevamente el IPC Congreso, que implementaron el Frente Renovador de Massa y sus aliados en la Cámara de Diputados, y que se convirtió en una referencia frente a la prolongada ausencia informativa del INDEC. En la economía doméstica también preocupa una caída del consumo en los supermercados, de un 20% de la facturación.
La retracción pudo deberse al incremento abusivo de algunos productos, sobre todo en el rubro de alimentos y bebidas, lo que llevó a organizaciones de consumidores a profundizar acciones de reclamo.
En el plano internacional, en tanto, el Gobierno se prepara para saldar la deuda con los “fondos buitre” y regresar al mercado financiero.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, ya tiene sellado un acuerdo con los bancos para girar los fondos el próximo jueves a Nueva York, mientras que la otra semana buscaría colocar bonos en el mercado por unos 15.000 millones de dólares, según anticipó el propio ministro en una gira que está realizando por las asambleas del BID y también del Fondo Monetario.
Mientras el Gobierno procura recomponer la economía, en la búsqueda de “pasar (el otoño y) el invierno”, los jueces y fiscales federales se convierten en los protagonistas centrales de la coyuntura política nacional. Uno de ellos, el fiscal Guillermo Marijuán, imputó ayer a Cristina Kirchner el delito de lavado de dinero, junto a su ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Marijuán, el fiscal que tiene en su haber las condenas a Ricardo Jaime y Felisa Miceli, tomó la decisión tras la declaración de Leonardo Fariña, quien se acogió a la figura del “arrepentido” y apuntó contra el detenido Lázaro Báez ante el juez Casanello; un magistrado que ha cambiado de una manera muy notoria el ritmo de su actuación frente a estas investigaciones. Casanello ahora podría hacerse cargo de la unificación de las causas de corrupción K, entre ellas la emblemática Hotesur.
En este contexto, cada vez más amenazante para su libertad ambulatoria, la ex presidenta Kirchner debe decidir en las próximas horas si asistirá a la citación judicial del próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py, por la causa del dólar futuro, o si alegará algún inconveniente de salud para trasladarse desde Santa Cruz hasta la ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto, diversas agrupaciones kirchneristas ultiman los preparativos para una movilización masiva a los tribunales de Retiro. “El intento de encarcelar a Cristina es un intento de encarcelar al peronismo”, advirtió el ex intendente de Lanús y actual senador bonaerense Darío Díaz Pérez. En la misma línea se encolumna el Movimiento Evita del diputado Navarro.
Pero en el seno del peronismo, cada vez más dividido entre el kirchnerismo y otros grupos internos con poder territorial como los gobernadores e intendentes del PJ, hay muchas dudas sobre la conveniencia de marchar a Comodoro Py, justo en momentos en que se intenta un proceso de recomposición partidaria que está bajo amenaza de una intervención judicial.
Así, es un interrogante si el sanjuanino Gioja y el bonaerense Scioli aparecerán junto a La Cámpora en la marcha de apoyo a Cristina Kirchner, luego de haberse erigido en una “fórmula de unidad” para presidir el Partido Justicialista, en una movida que no contó con la presencia de la agrupación ultra K. Y que tiene ahora a la jueza Servini de Cubría con la última palabra.
Los problemas internos no son, en rigor, privativos del peronismo. En la alianza gubernamental también saltaron algunos chispazos como consecuencia de la tensión que provocó la imputación al Presidente en la causa que investiga si omitió en forma maliciosa declarar su participación en una sociedad “off shore” en las islas Bahamas, controlada por Franco Macri.
Tras esa decisión del fiscal Delgado, Elisa Carrió pidió primero que Macri presentara papeles que acrediten su explicación y luego ella misma lo defendió cuando desde la Casa Rosada le acercaron el material. Pero no se verificó la misma actitud solidaria por parte de la UCR, que sigue disconforme con la participación que el PRO le asigna en el gobierno de Cambiemos.
El ex titular del radicalismo Ernesto Sanz participó en los últimos días de reuniones políticas en la quinta de Olivos, como la que analizó la renuncia del polémico juez federal Oyarbide -atribuida por Carrió a una operación de Daniel Angelici-, pero sigue considerándose un asesor y descarta la posibilidad de regresar a la política activa con un cargo en el Gabinete nacional.
Pero la política es dinámica, sobre todo en países como la Argentina, donde el vértigo y el factor sorpresa están a la orden del día.
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