Adrián Conci, el dueño de Dell SA, organizadora de la fiesta electrónica del sábado pasado en donde murieron cinco jóvenes por consumo de drogas, no se entregó ayer a la justicia y su abogado presentará hoy la apelación a la negativa de la eximición de prisión que dictó el juez Sebastián Casanello, por lo que sigue en condición de prófugo.
En este marco, el juez Casanello dejó firme el pedido de detención del empresario Conci, y el fiscal pidió citar a funcionarios, concesionarios y prefectos.
El juez federal a cargo de la causa, que se pronunció en el mismo sentido que el fiscal Federico Delgado, rechazó el pedido de exención de prisión presentado por el abogado de Conci, Fernando Burlando, y dejó firme la orden de detención del empresario.
Sobre la situación, el secretario de Seguridad Interior, Gerado Milman, dijo que Conci “está prófugo, no está en sus domicilios habituales y se lo está buscando para llevarlo ante la justicia”.
El fiscal Delgado, por su parte, pidió citar a declaración indagatoria a nueve personas, entre ellos funcionarios y concesionarios del gobierno porteño, apoderados y prefectos, (estos últimos “por hacer la vista gorda” sobre la distribución de estupefacientes) por la muerte de los cinco jóvenes que ingirieron drogas sintéticas en la fiesta electrónica que se hizo en Costa Salguero.
El requerimiento del titular de la fiscalía número 6 alcanzó, entre otros, a Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero, y a funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control del gobierno porteño.
El fiscal también pidió citar al responsable de la organización del evento y apoderado de Dell Producciones, Maximiliano Avila, al encargado de la seguridad privada de la empresa SISEG, Ezequiel Venturino, y a Carlos M. Garat, quien estaba al frente del plan de evacuación.
Además, propuso la indagatoria de una persona conocida como “Chino”, quien habría sido “encargado de seguridad interna” en el evento, y de los prefectos Adrián Alvarez, jefe de servicio; Alberto Gabriel Pandiani e Ivana Gómez.
El fiscal Delgado insistió en dictaminar que en Time Warp hubo “una especie de ‘zona liberada’ para que pudieran comercializarse los estupefacientes dentro de la fiesta”, y sostuvo que los controles de ingreso “eran escasos” y “no solicitaban DNI”, por lo que hubo “menores de edad en la fiesta”.
En tanto, el juez Casanello pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que adopte medidas “urgentes” a raíz de la imputación realizada a un secretario de su juzgado, quien fue acusado de haber recomendado a los prefectos que “no molestaran” a los jóvenes en la fiesta electrónica Time Ward, lo que fue enfáticamente desmentido.
Según la nota firmada por Casanello, “es absolutamente falso que se haya recomendado no molestar a los chicos que iban a divertirse o cualquier otro concepto semejante. Le hago saber esa circunstancia para que adopte las medidas de rigor dada la gravedad y urgencia del caso, sin perjuicio de la evaluación que hará este juzgado en relación a la actuación de los preventores, como así también la filtración de información en lo que puede significar un intento de entorpecimiento a la causa”.
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