El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; los hermanos Schoklender, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López, el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el titular del PRO, Humberto Schiavoni, y gobernadores y ex gobernadores fueron citados a declarar como sospechosos en la causa que investiga el programa de casas "Sueños Compartidos", de esa organización de derechos humanos.
Se trata de 43 indagatorias que comenzarán el 4 de julio dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga el Plan Federal de Construcción de Viviendas del gobierno de Cristina Fernández y que permitió que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibiera, en forma directa, millones de pesos para construcción de casas a costos "entre cuatro y cinco veces superior a los de plaza" y subcontratando a firmas vinculadas a miembros y empleados de esa entidad.
Según informaron a DyN fuentes judiciales, el juez dijo que se busca establecer si "Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación para la construcción de viviendas sociales".
Parte de esos fondos se "habrían detraído (sustraído o restado) luego de su destino específico -con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas", afirmó el magistrado.
En base a ello, dispuso las indagatorias entre el 4 de julio y el 28 de setiembre de 43 imputados, por delitos de lavado de dinero y defraudación al Estado, según el caso. La ronda se iniciará con Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, el 4 de julio; para el 5 fue citado el ex secretario López y el 6 de julio deberá ir De Vido, diputado del Frente para la Victoria y procesado por la tragedia de Once.
Para el 7 de julio fue citada Hebe Pastor de Bonafini -hasta ahora nunca convocada en la investigación y quien pidió ser considerada una víctima del expediente-, mientras a los hermanos Schoklender el juez los espera el 11 y 12 de julio.
La lista incluye al ex ministro de Trabajo y legislador porteño Carlos Tomada (13 de julio), al senador y ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora (10 de agosto), al gobernador de Santa Fe Roberto Miguel Lifschitz (19 de agosto), al ex jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia Jorge Capitanich (29 de agosto) y al ex gobernador de Misiones Fabián Maurice Closs (6 de setiembre).
También figuran el ex intendente de Almirante Brown Rubén Darío Giustozzi (8 de setiembre), el empresario Alejandro Gotkin (13 de setiembre) y al presidente del PRO y ex titular de la Corporación del Sur Humberto Luis Arturo Schiavoni (2 de setiembre).
Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini y quien aparecía en la primera parte de la causa como imputada, no fue convocada.
La causa conocida como "Sueños Compartidos" se inició en 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide, que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80. Hebe de Bonafini había adoptado como un hijo a Sergio cuando en los años 90 obtuvo la libertad.
El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su ex protegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso. Mientras tanto, Schoklender se defendía acusando públicamente a De Vido y a López, en las últimas horas detenido.
En 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal aparto a Oyarbide de la investigación y desprocesó a los Schoklender, momento a partir del cual la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi, la que tras un proceso de auditorías, informes y recupero de información derivó hoy en esta ronda de indagatorias.
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