Uno no es igual a diez; intervención no es igual a atropello

Por LUCIANO ROMAN

El de Medicina es un delicado conflicto institucional, pero -antes que eso- es un simple dilema matemático. Nadie ha explicado, en la Universidad, cómo se podía pasar de 300 a 3.000 inscriptos sin modificar el presupuesto, el plantel docente ni la disponibilidad de aulas. En la misma silla en la que se sentaba un alumno el año pasado, ahora se deben sentar diez. Y además, aparentemente, deberían aprobar los diez.

Si se estableciera que también se les debería poner un diez, sería un ocurrente ejercicio de ficción. No se ha llegado a tanto, pero tampoco se está tan lejos.

La facultad de Ciencias Exactas y de Ingeniería, por ejemplo, han avalado esta extraña matemática. Muchos esperan, fuera de los claustros universitarios, que a la hora de construir puentes o diseñar grandes moles de hormigón no apliquen esta curiosa aritmética, según la cual uno es igual a diez y podría ser, el año que viene igual a veinte o a treinta.

Pero la cuestión tiene otros matices, que no son puramente numéricos. Uno es el de la “doble vara” en la misma institución universitaria. ¿Por qué deben ingresar todos los que quieran a Medicina y no pueden hacerlo todos los que lo deseen al Colegio Nacional? El Nacional -como el Liceo, el bachillerato de Bellas Artes y la escuela Anexa- fijan un cupo de vacantes muy estricto y definen por la lotería quién entra y quién no. ¿Por qué no pasan de 300 a 3.000 ingresantes por año? La respuesta no es difícil de imaginar: no tienen aulas ni docentes ni recursos suficientes para educar a todos. Medicina tampoco. Pero no importa. Total, sólo forman médicos, que se ocuparán de algo tan insignificante e intrascendente como la salud de la gente.

A la matemática y a la falta de criterio ecuánime, se suma una cuestión jurídica o, si se quiere, estrictamente normativa. ¿En qué artículos del Estatuto Universitario se ha basado el consejo superior para disponer el envío de “ veedores” a supervisar los exámenes que toman profesores de Medicina designados por concurso? Si no hay fundamento estatutario, ¿en qué procedimiento se enmarca lo dispuesto por el consejo superior? ¿Cómo se justifica esta “intervención” que no se define ni se encuadra como una verdadera “intervención”? ¿Habría que hablar de una suerte de linchamiento institucional? Cuando una “intervención” se produce con herramientas y procedimientos ajenos al marco normativo, y sin que se cumplan los requisitos para una medida de tan extrema naturaleza, la intervención tiene otro nombre: atropello.

¿Por qué deben ingresar todos los que quieran a Medicina y no pueden hacerlo todos los que lo deseen al Colegio Nacional?

Habría, también, una cuestión más elemental que la normativa. ¿Se le pidió información a Medicina sobre el número de aplazados o se dio por válida la denuncia estudiantil, que dice que sólo aprobó el 2 por ciento? La Facultad asegura que el “dato” de los alumnos no se ajusta a la realidad; sería -en verdad- un porcentaje puesto al servicio de la denuncia política. ¿Puede haber un procedimiento universitario (sin hablar ya de lo jurídico) en el que se dispongan exigencias y medidas sobre una facultad sin consultar a sus autoridades y sin requerir, al menos, la documentación oficial sobre el asunto sometido a “juicio”? Se dispuso enviar veedores y auditores sin siquiera escuchar a Medicina, que -por su parte- eligió no dar la discusión. Aunque hubiera significado hasta un riesgo físico (hay penosos antecedentes en ese sentido), ningún representante de la Facultad se sentó en el consejo. Tenían un motivo que encierra sus paradojas: venía el ministro Lino Barañao a Medicina. Barañao hubiera sido recibido con honores por la Universidad antes de diciembre. Este martes, nadie del rectorado pasó a saludarlo.

Pero hay aristas menos anecdóticas. En el entramado de esta crisis se habría roto el propio sistema de convivencia universitaria. Ya se había visto esta ruptura cuando la presidencia de la Universidad decidió “criminalizar” el debate, o la discrepancia, y denunció penalmente al ex decano de Medicina por no hacer lo que el rectorado quería. Una Universidad que convirtió en bandera ese peligroso slogan de “no criminalizar la protesta”, decidió un buen día -contra su propia tradición histórica- “criminalizar” las discrepancias.

Muchos creen que para entender el conflicto no hay que recurrir a las matemáticas, ni a las nociones jurídicas, ni al Estatuto, sino a la política y los partidismos. Un dato es cierto: la Universidad de La Plata es uno de los pocos ámbitos en los que sobrevive el kirchnerismo duro. Todos los decanos -menos la de Medicina- se embanderaron en el último proceso electoral. Medicina ha quedado sola de un lado de esa grieta.

“Es muy complejo superar este conflicto”, decía ayer un actor de la vida universitaria. Quizá la salida se encuentre con viejas y rudimentarias herramientas: los cálculos básicos de la matemática, la aplicación de criterios ecuánimes y uniformes (no una vara para el Nacional y otra para Medicina), el apego al Estatuto Universitario, la vocación por el diálogo y la convivencia con las discrepancias. En alguna época funcionó.