No debe volver a elegirse el camino que llevó al fútbol a la bancarrota

La batalla del “fútbol para todos” que, a partir de 2010, decidió librar la administración anterior, sin aceptar el ingreso de privados para publicitar las transmisiones por TV de los partidos en los campeonatos locales -limitándose a emitir avisos destinados a promover la gestión de diferentes áreas del Estado y a percibir, después, como única entrada de dinero, los mínimos recursos que aportó una empresa de camiones- terminó como podía imaginarse: con la bancarrota del fútbol institucionalizado en nuestro país. Con la AFA quebrada, a muy poco de que sobre ella flameen las banderas de remate.

Ahora, ante la alternativa de que se suspendan en forma indefinida los torneos del deporte más popular de los argentinos, que convoca a miles de espectadores en los estadios, el actual Gobierno decidió salir de la encrucijada bajando unos 2.500 millones de pesos correspondientes a fondos del Fútbol para Todos. Se reincide, por consiguiente, en un método que –al margen de sus discutibles y potenciales ventajas mediáticas- ya demostró ser deficitario y nocivo desde todo punto de vista.

Antes de otra consideración, correspondería recordar que por el mal uso de los recursos de Fútbol para Todos existe una causa penal abierta ante la justicia federal, en el juzgado de María Servini de Cubría.

A partir de ese expediente, en agosto del año pasado se ordenó la realización de un allanamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, entre otras pruebas y peritajes que se colectaron para identificar el origen del dinero. Como se recordará, en esa causa se encuentran procesado Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete del anterior gobierno y dos de sus antecesores en el cargo, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Milton Capitanich.

Resulta asimismo imposible no relacionar esta situación con el contexto económico-social que se vive en nuestro país, en especial a partir de la actualización dispuesta por el Gobierno para las tarifas de los servicios públicos.

En estos momentos en que, por caso, se anuncia un incremento del 400 por ciento en las tarifas del gas –algo que implicará para los usuarios un tremendo sacrificio-, con una crisis de las fuentes energéticas hoy cercanas al colapso, en una situación que requiere ciertamente la mayor concentración de los recursos presupuestarios para atender tan acuciante problema, inexplicable y pródigamente el Gobierno insiste en beneficiar al fútbol con una voluminosa suma de dinero.

No debiera ser preciso mencionar las prioridades que deben atenderse en el país, ya sea en materia de salud, de educación, de extensión de redes de servicios de infraestructura o de educación, entre otros rubros, antes de entregarle un subsidio tan oneroso al fútbol institucionalizado que, además, en estos años se ha caracterizado por una interminable sucesión de corruptelas en su administración en la que no faltaron -tal como asevera la jueza Servini de Cubría en el auto de procesamiento a los ex funcionarios- cheques negociados en financieras relacionadas con dirigentes del fútbol.

Clubes deudores con el Estado al que no le pagan tributos y tasas por montos millonarios; que no pagan las cargas sociales, que le deben salarios a sus empleados; que compran jugadores y suscriben contratos con el plantel por montos sumamente elevados y que, ante la imposibilidad de cumplir con esas obligaciones, recurren a la AFA en busca de soluciones mágicas; la propia AFA que desde hace tiempo tiene números en rojo y no paga puntualmente sus sueldos a los árbitros, a sus propios empleados y, en no pocas ocasiones, a los equipos técnicos que contrata para dirigir sus seleccionados.

Si a ello se sumaran, también, los desvíos de fondos registrados en favor de los barrabravas -a quienes en diversas oportunidades se les facilitaron pasajes aéreos en forma gratuita, se les financiaron otras actividades o se les permitió ingresar a los estadios sin pagar entradas- no cabe sino esperar que el actual Gobierno, cuyos integrantes habían prometido en la campaña electoral, que venían a cambiar semejante estado de cosas, revise la desafortunada decisión de seguir financiando al fútbol.

La sola popularidad de este deporte y una sana gestión dirigencial alcanzaría para que este deporte se mantenga por sí solo, tal como debiera ser. No existe razón alguna para que la política argentina deba ocuparse del salvataje del fútbol.