Polémica por medidas que sólo beneficiarán a Mar del Plata

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Si bien resulta indudable que en los países centrales, desde hace muchos años, se viene haciendo eje en la promoción estatal y privada del turismo, por la evidente aportación económica que ofrece la actividad turística a la economía general, es verdad también que en la Argentina se trata de una materia aún pendiente de tratamiento, que debiera profundizarse y convertirse en una verdadera política de Estado. Justamente, pareciera oportuno en este contexto analizar la situación que acaba de plantearse en la provincia de Buenos Aires, a partir de los anuncios formulados en los últimos días por la Gobernadora relacionados a los beneficios que regirán para la temporada de verano en Mar del Plata.

“Habrá tres playas gratuitas que tendrán a disposición 4 mil lugares de sombra”

Tal como se publicó en este diario, la titular del Ejecutivo bonaerense anunció una serie de beneficios para la temporada Mar del Plata 2018, por la cual la Provincia apoyará a esa ciudad mediante iniciativas conjuntas con el Gobierno nacional, la Municipalidad y el sector privado, en busca de potenciar la actividad económica y consolidar a la ciudad balnearia como el destino de vacaciones más accesible, y con las mejores propuestas para toda la familia, según describió.

Precisó, asimismo, que quienes sean clientes del Banco Provincia disfrutarán a partir del 1º de enero de un paquete de descuentos que permitirán, en su conjunto, un ahorro de casi el 40 por ciento, buscando así que “cada vez más argentinos elijan Mar del Plata, porque esta ciudad vale la pena ser visitada”. Los mencionados descuentos son del 50 por ciento en compras en supermercados, dos veces al mes; igual porcentaje de descuentos en colectivos de larga distancia, así como una mayor cantidad de frecuencias tanto para viajar en tren como en avión; también descuentos del 50 por ciento en espectáculos teatrales y en gastronomía, así como de un 30 por ciento en hotelería, más la posibilidad de abonar hasta en doce cuotas.

Habrá, además, tres playas públicas gratuitas que tendrán a disposición 4 mil lugares con sombra asegurada, servicio de baño y demás prestaciones como “lo que ofrece cualquier balneario de primera calidad pero gratuitamente”.

Resulta indudable que las medidas impulsadas por la Gobernadora podrán servir como un eficaz estímulo para el desarrollo de la temporada en el balneario de Mar del Plata, pero tampoco deberían desestimarse las consistentes protestas formuladas por representantes de otras localidades atlánticas que, como las de Pinamar, Villa Gesell y Mar Chiquita -así como distintas agrupaciones políticas y de medios periodísticos de esos y otros distritos- cuestionaron lo que califican como una manifiesta discriminación en perjuicio de esos balnearios, a partir de las medidas que fueron anunciadas exclusivamente para Mar del Plata.

Desde uno de los partidos políticos opositores se expresó el apoyo a todo tipo de medidas que apunte a incentivar y fomentar la actividad turística, “pero la costa bonaerense tiene 1.200 kilómetros de playa, y eso incluye nuestros municipios”, señalaron. Las flojas temporadas sucedidas en los últimos años afectaron gravemente al turismo, que es el resorte de activación económica casi exclusivo con el que cuentan muchos balnearios atlánticos, y derivaron en la pérdida de fuentes de trabajo y en otras consecuencias que fueron negativas para toda la costa atlántica, dijeron.

“Otros distritos turísticos de la Costa reclamaron que se los integre a las medidas”

Reconociendo en forma expresa el tradicional liderazgo que en materia turística ejerce Mar del Plata e, inclusive, alegrándose en forma expresa por los beneficios que recibirá su economía local, los otros distritos turísticos de la costa atlántica reclamaron que se los integre a las medidas, beneficios e incentivos anunciados a favor de esa ciudad.

Todo indica que la situación planteada por estos municipios y balnearios costeros merece, por lo pronto, la más detenida de las consideraciones por parte de las autoridades provinciales, ya que lo solicitado parece ajustarse a principios de justicia y equidad que resultan insoslayables en toda política estatal.

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