La inacción oficial en el Centro promoverá graves complicidades

“ La inacción no puede continuar, porque en caso contrario se deberá entender que es complicidad”

La indiferencia, por lo menos, de las autoridades frente a los hechos delictivos que se registran en el centro de la ciudad y que dificultan la vida de los transeúntes, los comerciantes y el resto de las actividades dan lugar a que se puedan suponer que existen complicidades o aprobaciones tácitas sin ninguna explicación.

Los vendedores ilegales, a quienes erróneamente se califica de ambulantes, son en general -como se ha dicho- proveídos por organizaciones mafiosas que hasta distribuyen mercaderías en camionetas a plena luz del día.

Alguien garantiza, además, que un escaparate no se instalará junto a otro del mismo rubro ni que tampoco se discutirá el “derecho de propiedad” sobre el espacio de vereda ocupado por cada uno. Además la “importación” de mano de obra extranjera, como los senegaleses, responde evidentemente a una estructura que después los dota de mercadería, como los llamativos relojes dorados, billeteras, anteojos y hasta los mismos bolsos azules que ellos usan.

Todo eso parece ser ignorado por las autoridades cuando saltan a la vista cada una de esas situaciones que son especialmente manifiestas en las calles en el ámbito de la seccional Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tal vez porque es la de mayor tránsito de personas pero eso no justifica la inacción. Quizás puedan tratar de explicarse los agentes encargados diciendo que tienen orden de no actuar lo cual sería muchísimo más grave porque ello involucra ámbitos de jurisdicción municipal, provincial, nacional y del Poder Judicial ya que se comercializa mercadería de más que dudoso origen que puede ser fruto de contrabando, falsificación, trabajo esclavo y hasta del robo. No son artesanos los que fabrican relojes dorados ni muchos de los otros elementos que se ofrecen en las veredas de la ciudad.

Desde el punto de vista impositivo no sufren ningún contralor al contrario de los comercios legalmente instalados ni pagan por la ocupación del espacio público en zonas donde los alquileres para comercios son a precios muy elevados.

Los problemas del centro de la ciudad no se terminan con esa circunstancia, que es una expresión más de la impunidad creciente como sucede con los amenazantes trapitos y por último -sin que ello signifique el menor de los problemas- las bandas de los menores que comenzaron a utilizar la violencia contando con la impunidad creciente cuando por algún inconveniente no pueden robar a placer, que tarde o temprano lesionarán gravemente a alguien o recibirán como respuesta algún acto de fuerza que después será lamentado.

Los castigados transeúntes que a veces no pueden transitar por las veredas como las señoras que transportando un cochecito con su bebé deben bajar a la calle porque el paso por la vereda está cerrado por alguien que solicita dinero y tiene un perro que se pasea a su alrededor y al cual cuidadosamente cepilla dejando los pelos para que sean arrastrados a la brisa o al viento.

La inacción de las autoridades en todos esos aspectos no tienen ningún justificativo y no pueden invocarse razones humanitarias aún cuando a veces algunas personas ajenas a las mafias ingenuamente intervengan para defender a un vendedor ilegal que en definitiva es el último eslabón de una cadena mafiosa que de alguna forma debe empezarse a investigar.

El argumento que se usa según el cual muchos productos son fabricados por artesanos es ridículo a la vista de las mercaderías que se venden en calles, veredas y plazas. Los relojes, anteojos y ciertas prendas, por ejemplo, requieren fábricas. En todo caso la municipalidad debería habilitar un registro de artesanos con descripción de lo que producen y autorización para instalarse determinados días en determinados lugares vendiendo únicamente lo que confeccionan.

Quienes van a pasear al centro de la ciudad, los que van a comprar algo, los que realizan trámites en numerosas oficinas públicas y bancos no tienen porque sufrir las incomodidades que se producen, como los castigados comerciantes a los cuales la situación económica les produjo una grave reducción de ventas tampoco tienen porque merecer el castigo de competencias -por lo profuso de los puestos ilegales- que no sufren cargas impositivas ni aduaneras ni deben cumplir con las leyes laborales.

La inacción no puede continuar porque en caso contrario se deberá entender que es complicidad.