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Samsung, un escándalo que hace tambalear al gobierno surcoreano

El líder de la firma, acusado de pagar coimas a la presidenta del país a cambio de favores políticos

Samsung, un escándalo que hace tambalear al gobierno surcoreano

Lee Jae-Yong , jefe del conglomerado empresario Samsung - AFP/ARCHIVO

10 de Marzo de 2017 | 03:33
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SEUL.- Un tribunal de Corea del Sur inició ayer el “juicio del siglo” contra el jefe del conglomerado de empresas multinacionales Samsung, Jay Y. Lee, acusado de pagar sobornos por 37 millones de dólares a la presidenta del país a cambio de favores políticos, en medio un escándalo que sacude al país asiático. Lee está acusado de soborno, malversación de fondos y varios otros delitos en un escándalo de corrupción con escasos antecedentes en el país, que incluso llevó a un proceso de destitución contra la presidenta Park Geun-hye, que hoy será ratificado o invalidado por el Tribunal Constitucional de la nación.

La audiencia preparatoria de una hora celebrada en el tribunal del distrito central de Seúl no contó con la presencia de Lee, de 48 años, quien es defendido por un equipo de 13 de los abogados más destacados de Corea del Sur, todo ellos ex fiscales o ex jueces. El coreano, que está bajo custodia en el Centro de Detención de Seúl desde su arresto, el mes pasado, no estaba obligado a presentarse ante la Corte en esta audiencia preliminar, celebrada para organizar las pruebas y fijar fechas para las declaraciones de los testigos.

En la audiencia, la defensa de Lee negó todos los cargos en su contra, alegando que la acusación del fiscal especial cita conversaciones, pruebas o testigos que la fiscalía realmente no oyó, investigó o entrevistó según la normativa, o incluye opiniones que no son hechos. El grupo Samsung ha negado repetidamente haber cometido irregularidades.

Entre las acusaciones contra Lee está dar coimas a una empresa y organizaciones vinculadas a una amiga de la presidenta Park, la “Rasputina” Choi Soon-sil, la mujer en el centro del escándalo, para consolidar el control de su imperio, que abarca desde teléfonos inteligentes a productos biofarmacéuticos. Los pagos -de acuerdo a la fiscalía- se realizaron a cambio de que el fondo público de pensiones autorizara en 2015 una fusión de dos filiales de Samsung (en una de las cuales tenía participación el mencionado fondo) que refuerza el control del clan Lee sobre este grupo, pilar básico de la economía surcoreana. Lee tomó en 2014 las riendas del mayor grupo empresarial surcoreano, que aporta la quinta parte del PBI nacional después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto que lo dejó incapacitado. La sentencia está prevista para fines de mayo.

Si el Tribunal Constitucional ratifica hoy la destitución de Park, ya aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) en diciembre pasado, la presidenta sería despojada de su inmunidad, lo que obligaría a convocar elecciones presidenciales en un plazo inferior a 60 días. También sería la primera vez que Corea del Sur destituye a un jefe de Estado y adelanta los comicios presidenciales desde que el país volvió a celebrar elecciones democráticas en 1987 tras el mandato de dos juntas militares (una de las cuales lideró el general Park Chung-hee, padre de la actual presidenta).

La fiscalía considera que Park y su amiga Choi, de 60 años y presa desde noviembre, se confabularon para presionar a Samsung y a otros grandes conglomerados empresariales surcoreanos para que realizaran donaciones a organizaciones vinculadas a la “Rasputina” a cambio de un trato favorable de las autoridades. La presidenta está acusada de los delitos de soborno, tráfico de influencias y abuso de poder.

El escándalo indignó a gran parte de la sociedad surcoreana que desde fines de 2015 se viene manifestando de manera masiva para pedir la renuncia de Park y cuestionar el modelo económico nacional, salpicado por la corrupción y coronado por los “chaebol”, como se denomina a los gigantescos conglomerados cuya gestión es hereditaria, como en el caso de Samsung, Hyundai, Daewoo y LG, que también estuvieron involucrados en casos de corrupción.

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