Autoridades y docentes obligados, una vez más, a un acuerdo por las clases

El rechazo de la dirigencia a la oferta de aumento salarial que el viernes pasado el gobierno provincial le presentó a los seis gremios docentes que, en esa misma instancia, anunciaron la realización de otro paro en la jornada de mañana –día en el que deberían empezar su ciclo lectivo las escuelas secundarias- volvió a colocar en punto muerto y de ese modo agravó el conflicto que se encuentra planteado y que, una vez más, impidió el normal inicio de las clases. Se repite en 2017, entonces, el problema que se viene presentando en el área educativa, con muy pocas excepciones, desde hace muchos años en la Provincia.

Un artículo publicado ayer en este diario advirtió que, en esta oportunidad, la perspectiva de un acuerdo parece cada vez más lejana. Se pone de relieve allí que existe un consenso casi unánime entre los docentes, en el sentido de que consideran que su tarea no se encuentra bien remunerada y que, además, deben cumplirla muchas veces en condiciones penosas.

Ciertamente, más allá de las connotaciones políticas o electoralistas que puedan rastrearse en este conflicto, no pueden sino merecer consideración aquellas legítimas reivindicaciones que presentan los docentes. Se trata de un dato de la realidad que no debería ser minimizado o relativizado, aunque también es verdad que merecen una debida ponderación las posibilidades presupuestarias del Estado provincial, cada vez más condicionadas y limitadas en los últimos ejercicios por razones cuyo análisis demandaría enfoques ajenos a la crisis escolar.

Los ciclos educativos en la Provincia y en el resto del país se han visto seriamente condicionados en los últimos años por una cada vez más creciente cantidad de días sin clases, sea por la sucesión de feriados, por las llamadas semanas cortas que se pusieron de moda o, desde luego, por los reiterados y a veces prolongados paros docentes. El año pasado en varias escuelas se perdieron tres semanas de clases por un paro de auxiliares, mientras que ciclo tras ciclo siguió presentándose un cada vez más dispendioso cronograma de feriados y asuetos.

Esto implicó que, virtualmente, los escolares de nuestro país perdieran casi un mes de clases por ciclo lectivo –en algunos años, mucho más- y lo cierto que las declamadas estrategias de recuperación de jornadas hábiles y de contenidos fueron barridas por la realidad, alcanzándose únicamente récords negativos.

Con razón se ha dicho que –existiendo buena voluntad entre las partes en pugna- los conflictos tienen más puertas de salida que de entrada. Se sabe perfectamente que ninguna negociación puede resolverse con posturas intransigentes. Como también se dijo ayer en estas páginas, la discusión ahora se ha estrechado hasta alcanzar un minimalismo extremo: la básica aspiración es que empiecen las clases con normalidad. Cuestiones como la calidad educativa, el saneamiento de un sistema con desequilibrios de todo tipo y la reformulación de la escuela pública –para devolverle la excelencia que exhibió durante muchas décadas en la Argentina- todavía siguen esperando.

Sin dejar de considerar la legitimidad de las reivindicaciones docentes, es también prioritario convenir que no puede existir una educación posible con las escuelas cerradas y con millones de alumnos privados de instrucción. Estos conflictos reiterados e irresueltos sólo consiguen que se degrade el sistema educativo.

Es imperativo, entonces, que las autoridades y los docentes encuentren fórmulas de acercamiento, imaginativas y justas, que le permitan a los escolares ejercer el derecho de aprender, sin interrupciones de ninguna naturaleza. El presente y el futuro del país también necesitan que se cumpla con la estabilidad y racionalidad que prevén los calendarios educativos.