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Perpetua al ex jefe de la Brigada por torturar hasta la muerte a Andrés Núñez

Para los jueces, Luis Ponce ordenó el secuestro y dirigió el “interrogatorio”, como un “plan sistemático”

En la escalera de los tribunales de 8 y 57 organizaciones de Derechos Humanos colgaron la bandera con la emblemática foto de Andrés Núñez, que acompañó las marchas y reclamos de justicia a lo largo de estos casi 27 años. Ya hubo dos juicios y tres condenados. Y hay un policía que se mantiene prófugo: Pablo Gerez
Luis Ponce escuchó el fallo desde un cuarto contiguo. Los jueces consideraron que era el “jefe de la patota de la Brigada de Investigaciones de La Plata”, que tenía “roles bien divididos” - cesar santoro
Mirna Gómez, esposa de Andrés Núñez, acompañada por la madre de Miguel Bru, también asesinado por la policía en 1993 - cesar santoro

Por Redacción

En la sala de audiencias colmada por familiares, amigos y agrupaciones de derechos humanos, estalló ayer un fuerte aplauso. Enseguida, algunos insultaron a los gritos al imputado, que prefirió escuchar el fallo en un cuarto contiguo, en la planta baja del fuero penal de 8 y 57. El presidente del Tribunal, el juez Claudio Bernard, pidió silencio y la secretaria pudo terminar la lectura del veredicto que condenó a reclusión perpetua al ex comisario y por entonces jefe de la Brigada de Investigaciones La Plata, Luis Ponce (65). El fallo lo encontró “penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad y de torturas seguidas de muerte como coautor, ya que dio la orden para hacer el procedimiento y llevar adelante el secuestro”, y también “dirigió el interrogatorio y tortura con el fin de obtener una confesión, y provocó la muerte” , del albañil ensenadense Andrés Núñez (30), el 28 de septiembre de 1990.

En el veredicto, con un meduloso voto de Bernard, integrante de la Sala II de La Cámara Penal platense, especialmente integrada para este juicio con ese magistrado y los camaristas Raúl Delbés y María Oyhamubu, se destacó que a pesar del tiempo transcurrido, casi 27 años, los testimonios escuchados en este juicio fueron concluyentes, verosímiles y contundentes como para dar por acreditada la materialidad ilícita, es decir, cómo ocurrió el hecho, y la autoría del ex comisario.

“Estamos ante un plan sistemático de actuación, con división de roles por parte de la patota de la Brigada de Investigaciones de La Plata, de la que Ponce era jefe”, se detalló en la sentencia.

También se precisó que Núñez fue sometido a torturas a golpes y con la colocación de una bolsa de nailon en la cabeza, metodología de la represión conocida como “submarino seco”, en la Brigada de Investigaciones que funcionaba en 61 entre 12 y 13 (actual sede la DDI).

Como consecuencia de esos tormentos murió -se concluyó en el fallo- y luego el cadáver fue mutilado, calcinado y enterrado en un establecimiento rural de General Belgrano que era cuidado por un familiar de uno de los policías que está prófugo en esta causa, el ex integrante de la Brigada Pablo Gerez, cuya foto en gigantografías fue exhibida ayer en la entrada de Tribunales, por agrupaciones de Derechos Humanos.

Los restos de Núñez fueron encontrados allí, enterrados debajo de un tanque australiano.

La semana pasada la fiscal de Juicio Rosalía Sánchez había pedido reclusión perpetua, al igual que los defensores oficiales Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, en el rol de particular damnificado, en representación de los familiares de Núñez.

Los abogados de Ponce, Oscar Salas y Christian Romano, insistieron en la inocencia de Ponce, en la prescripción de la causa y que no hay datos ciertos sobre cuando fue el hecho en juzgamiento.

Al final de los alegatos el acusado hizo uso del derecho que tienen los procesados de decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar. El ex comisario reiteró que es inocente. Y los jueces lo condenaron la pena de reclusión y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

Fuentes de Tribunales explicaron ayer que la pena de reclusión opera en contra el condenado también porque impide que se le aplique el beneficio del dos por uno, pasados los dos años de prisión preventiva, ya que al momento del hecho estaba vigente esa polémica ley, derogada en el 2001.

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