Muy pocos bienes públicos concentran tanta significación como los edificios escolares, a partir del elevado valor educativo y social que ellos expresan. Sin embargo, la experiencia cotidiana indica que, lamentablemente, esas sedes suelen ser blancos propicios de los ataques vandálicos que reciben con mucha frecuencia.
Así lo indica un reciente informe del Consejo Escolar platense, revelador de que sólo en el trimestre febrero-abril de este año se registraron 35 ataques vandálicos contra edificios escolares de la Región, es decir a razón de unas 12 escuelas atacadas por mes. Tal como se informó en este diario, la reparación de los daños demandó cerca del 30 por ciento de los fondos asignados para el mantenimiento cotidiano de los establecimientos. En limpio: un tercio de las necesidades básicas de las escuelas públicas en materia de infraestructura quedó sin respuesta por causa de la inseguridad.
El informe del Consejo confirma que entre el 1° de febrero y el 30 de abril pasados ese cuerpo tuvo debió invertir el 27 por ciento del fondo compensador –que maneja para tareas de mantenimiento de rutina en las escuelas- sólo para reparar las consecuencias de los ataques vandálicos.
Lo cierto es que los consejeros escolares pidieron hace poco a la cartera educativa bonaerense que nombre serenos o caseros en las escuelas más críticas y la respuesta que recibieron fue negativa. A su vez, hace tres años, la Comuna comenzó a instalar cámaras de seguridad en los colegios y un juez suspendió esa medida para “preservar la intimidad de alumnos y docentes”. Se sabe, además, que son muy pocas las escuelas que cuentan con alarmas y, asimismo, no se lograron hasta ahora avances significativos en las gestiones realizadas para que la Policía intensifique la presencia de patrulleros en cercanías de las sedes escolares.
Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, el puro vandalismo le va ganando terreno al robo, en una tendencia que se profundizó en los últimos tiempos. Tal como ejemplificó el jefe de mantenimiento del Consejo, los autores de estos delitos ingresan a los colegios, rompen, arruinan y no se llevan nada.
Es verdad que también se aplicaron desde el área educativa algunas medidas de tipo preventivo, como la colocación de rejas perimetrales o se ha gestionado una más constante vigilancia policial. Sin embargo, los ataques se reproducen con frecuencia. Por otra parte, cabe recordar que muchos de los establecimientos que han sido víctimas de este tipo de hechos son, además, modestas escuelas de barrios muy humildes.
Es evidente que en la mayoría de los episodios registrados, el problema adquiere connotaciones y una dimensión más preocupante, que seguramente incluye aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse. Pero lo que urge es que el Estado extreme recursos y estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar con el peso de la ley a los responsables.
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