Piden que Scioli vaya a juicio acusado de recibir "dádivas" mientras era gobernador

Lo requirió el fiscal que llevó adelante la investigación a partir de una denuncia de Elisa Carrió. Entre los imputados se encuentran el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y el ex titular del IOMA, entre otros

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli irá a juicio oral en la causa que es investigado por diversas irregularidades cometidas durante su mandato. La solicitud fue presentada por el fiscal Alvaro Garganta por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el requerimiento de elevación a juicio solicitado por el fiscal, también están incluidos el ex ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia, Walter Carbone, el hombre al que le encontraron una figura con forma de dragón en su casa del Country Abril, y el empresario Ricardo Miller, entre otros.

En el escrito, que cuenta con 371 páginas, Garganta evalúa que hay "elementos suficientes" para que los imputados vayan a juicio oral en el marco de la causa que fuera iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió.

El ex gobernador está acusado de haber adjudicado obras públicas en forma irregular para construir las Unidades de Pronta Atención (UPA) a favor de Miller, quien, según el fiscal, era amigo de Scioli, le compró un terreno y entregaba "dádivas" al entonces gobernador.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto anticipó hoy que si se confirma el pedido del fiscal platense Alvaro Garganta para que se envíe a juicio oral a Daniel Scioli en la causa que investiga irregularidades en su gestión en la provincia de Buenos Aires y se produce una condena, ese bloque “pedirá y acompañará” el pedido de desafuero del ex gobernador bonaerense.

“Estábamos esperando” la decisión del fiscal, aseguró la diputada en declaraciones a la prensa.

Ahora, y tras la solicitud del fiscal, la jueza de Garantías Marcela Garmendia debe evaluar y decidir si envía a juicio a Scioli y a otros 38 procesados en el expediente.

"Hay que recordar lo del Dragón con dinero, los allanamientos, los centros UPA. Hay muchas pruebas que el fiscal fue desdoblando. La resolución lógica era que terminara en juicio oral”, enfatizó Oliveto.

Ante una consulta, la diputada de la CC estimó que “muy difícil cuantificar el dinero negro”, pero agregó que "si uno ve el estado de la provincia, piensa que esto fue muy poco en relación a lo que fue el latrocinio del gobierno de Scioli, que está íntimamente relacionado a la matriz de corrupción de Cristina” Kirchner.

Scioli está acusado de haber adjudicado de manera irregular nueve obras públicas por más de $189 millones para construir Unidades de Pronta Atención (UPA), luego de que se conociera que el ganador de la licitación fue el empresario Ricardo Miller (a través de Miller Building S.A.).

Miller, con quien Scioli tenía una relación personal, luego compró un terreno en Villa La Ñata, donde vive el ex gobernador, y por este motivo el fiscal considera que esto forma parte de una "dádiva".

En tanto, a través de un comunicado, los abogados defensores de Scioli, Alfredo Gascón y Miguel Angel Molina, señalaron que "en razón de las noticias de dominio público con respecto a la denuncia que tramita en la ciudad de La Plata y que tiene a nuestro defendido como a uno de sus actores, aclaramos que el pedido de elevación a juicio que efectuara el fiscal Garganta no es más que una de las instancias del proceso, y se encuentra sujeto a la revisión por las restantes partes, a resolución del Juez interviniente, y sometido todo a posteriores y eventuales recursos y nulidades que podrían presentarse"

Además, evalúan la solicitud del fiscal como "básicamente arbitraria y con manifiesta falta de objetividad, ya que no se ajusta a la prueba producida en la investigación. A nuestro turno pediremos el sobreseimiento, por entender que es muy grave que se lo pretenda enjuiciar por sospechas o suposiciones infundadas. Nuestro defendido no ha cometido delito alguno, tal como lo demuestran las pruebas producidas en la causa, en especial aquellas que acreditan claramente que en ningún momento existió conducta ilícita alguna".

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