En lo que va del año, la Provincia denunció a unos 450 docentes y auxiliares por licencias truchas

Detrás de la pelea por la paritaria salarial, que parece encaminada a no cerrarse este año, existe otro factor de tensión que surca la relación entre el gobierno bonaerense y los gremios del sector docente y que se desarrolla en la Justicia. En lo que va del año, la Dirección de Cultura y Educación bonaerense realizó cuatro denuncias penales por el otorgamiento de licencias apócrifas a personal docente y no docente, en las que están involucrados no menos de siete médicos y unos 450 maestros y auxiliares.

La estafa a las arcas provinciales, que sería varias veces millonaria, involucra un tema sensible: la discusión por el llamado presentismo, que es uno de los ítems extra salariales que la gobernadora María Eugenia Vidal quiere introducir desde siempre en la discusión paritaria, con el argumento de que su gobierno viene teniendo un gasto anual en licencias médicas de unos 19 mil millones de pesos.

Dos de las cuatro denuncias realizadas, ambas en el fuero penal platense, ya avanzaron bastante. Al punto que se desbarató una organización dedicada a fraguar certificados médicos, se produjeron detenciones, se dieron de baja las licencias truchas a los docentes y auxiliares y se iniciaron sumarios administrativos disciplinarios en Educación.

Las otras dos causas abiertas todavía están en etapa de recolección de medidas de pruebas, con próximos operativos. Por eso, las fuentes judiciales y políticas consultadas por este diario prefirieron no precisar detalles sobre esos expedientes. “Es mejor no restarle el factor sorpresa a la pesquisa”, dijeron. Una de las investigaciones también sería en La Plata y la otra estaría radicada en alguno de los 18 departamentos judiciales restantes.

La primera de las causas mencionadas, que tuvo estruendosos allanamientos en San Miguel y Los Polvorines a fines de mayo pasado, se tramita en la UFI Nº 16 del fiscal platense Juan Condomí Alcorta. La denuncia involucró a 117 agentes del Estado, un delegado del gremio UPCN de José C. Paz, un médico y dos empleadas administrativas.

La acusación: “Defraudación a la administración pública, falsificación de documento, uso de documento falso o adulterado, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de autoridad, títulos y honores y asociación ilícita, según el artículo 210 del Código Penal”.

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Se aclara: la estatal Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) no es un gremio docente, pero entre su universo de afiliados sí están los auxiliares. Luego del allanamiento en la seccional de José C. Paz, su delegado, Angel Riquelme, fue acusado de otorgar certificados truchos a docentes, ayudantes y demás empleados de la cartera educativa.

La investigación detectó 151 casos de licencias apócrifas. Cuando éstas fueron confirmadas, y más allá de los sumarios disciplinarios, se dejaron sin efecto, se les descontaron los haberes percibidos a los empleados y cesaron las suplencias que se habían contratado justamente para cubrir a esos enfermos que no eran tales.

Según las fuentes oficiales, allí radica la clave del mecanismo según el cual el Estado “pierde” mucho dinero por las licencias apócrifas vía certificados truchos: los docentes que no concurren a trabajar por falsas enfermedades cobran su salario habitual y, además, hay que sumar los “costos” del suplente que se designa. Los beneficios en la mira iban desde los dos o tres días a los tres meses. Según los investigadores, las distintas “enfermedades” que se ponían en los certificados de salud estaban tarifadas de acuerdo a su nivel de supuesta gravedad.

En esta causa, las licencias en cuestión eran avaladas por los certificados que emitía Alberto Benítez, médico psiquiatra de José C. Paz. La investigación de la subsecretaría de Recursos Humanos de Educación detectó que varios empleados habían presentado certificados que tenían el sello y la matrícula de Benítez pero su firma y la letra eran diferentes unos de otros.

La sospecha es que los propios empleados firmaban los certificados, que les eran provistos en blanco pero con el sello habilitado. El médico imputado negó haber otorgado esos avales y denunció que le robaron el sello. Pero el ministerio presentó igual la denuncia penal. (Causa IPP-06-00-020041-18)

En el marco de esta investigación, siempre según el expediente, también se detectaron certificados adulterados emitidos por los médicos Omar Pitré, Ernesto Coletes, Pablo Perriere y Fernando Patón.

En la segunda causa que se instruye en La Plata se detectó que un solo médico, el doctor Juan Carlos Olenczuk (psiquiatra de Florencio Varela) extendió 107 licencias por enfermedad en sólo 10 días. Una luz el hombre. La denuncia se radicó en la UFI Nº 1, a cargo de la fiscal Ana Medina, por “Presunta falsedad en los diagnósticos y fraude a la administración pública” (Causa IPP 06-00-00-7551-18). Se sospecha de una trama mafiosa con conexiones gremiales que digitaba al profesional que firmaba las licencias por su notable “productividad”.

En este expediente, hubieron en total 145 agentes estatales involucrados, a los que la Junta Médica del ministerio -que se conformó posteriormente para evaluarlos- les terminó dando el alta porque se presentaban sin su correspondiente historia clínica y tuvieron que volver a sus puestos de trabajo.

Al médico en cuestión, la Dirección de Escuelas lo denunció ante IOMA –porque la mayoría de los casos denunciados eran afiliados a esa obra social- y ante el Ministerio de Salud. Esta cartera, según las fuentes consultadas, finalmente lo terminó expulsando del Hospital El Pueblo de Florencio Varela.

Toda esta estafa surgió porque la Dirección de Escuelas cambió la metodología para otorgar licencias e implementó una modalidad on-line en febrero pasado. Se trata de una aplicación que descargan los maestros y auxiliares en sus celulares y desde allí tramitan los pedidos para ausentarse por enfermedad: concurren al médico, reciben el certificado que consigna qué cantidad de días deben faltar y, foto mediante, cargan esa información en la aplicación. Luego, desde el ministerio les envían la autorización.

Esto permite cruzar datos y además deja rastros informáticos que posibilitaron el rastreo de las irregularidades, con casos curiosísimos como el de algunos agentes estatales que tramitaban su licencia –o una extensión de la misma- mientras estaban de vacaciones en el exterior.

Las dos causas que aún siguen en etapa de instrucción, y cuyas resoluciones serían inminentes, comprometerían a más de 180 docentes, preceptores y demás auxiliares.