No cesa la polémica por el bono salarial

El bono de fin de año que dispuso el Gobierno sigue generando rechazo y debate entre las distintas cámaras empresariales del comercio y la industria, muchas de las cuales advirtieron que no podrán hacer frente a estos pagos por la difícil situación recesiva por la que atraviesa la economía y la falta de acceso al crédito lo que complican la implementación de cualquier financiamiento para empresarios

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, consideró que hay “muchas empresas que no van a poder pagar el bono, ya que hay sectores con crisis muy profundas” De esta forma Weiss se sumó al reclamo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja que había advertido sobre el tema, argumentando también la falta de acceso al crédito. Es más, también argumentan que son “conscientes de que el poder adquisitivo se ha deteriorado, pero las pymes estamos sufriendo fuertemente las consecuencias de la recesión.

ALTERNATIVAS

Lo cierto es que la nueva redacción del borrador del decreto que estableció el bono establece muchas flexibilidades no contempladas en un primer momento, en especial para aquellas empresas en crisis.

“Las partes de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, podrán adecuar la implementación en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva”, dice el artículo tercero del texto.

Esto implica que el bono podría no llegar a los $5.000 o amortizarse en más de dos cuotas, según la situación económico-financiera que esté atravesando la empresa en cuestión.

Los empleadores mediante acuerdo con su sindicato respectivo podrán pactar o adecuar la implementación de nuevos plazos o montos, solo en los casos de las empresas en crisis o de productividad baja.

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Este el articulo es el más conflictivo y el que se presta a un mayor número de interpretaciones, pues al hablar de adecuar “montos y plazos”, da entender que los empleadores no solo pueden ampliar las cuotas para el pago, sino incluso que pueden variar el monto del mismo hacia abajo.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se difundirá en las próximas horas es de aplicación obligatoria para los 6 millones de trabajadores del sector privado, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que según datos oficiales ya supera el 6% en el año.

La disposición establece además un proporcional para los asalariados de jornada reducida y la adecuación de los plazos y montos en aquellas actividades en “crisis” o “declinación productiva”.

En cambio, quedaron excluidos unos 320.000 trabajadores agrarios y 500.000 empleadas de casas particulares que deberán discutirlo en el marco de sus regímenes laborales específicos. Tampoco fueron alcanzados 3 millones de empleados públicos.

LOS DESPIDOS

Otro apartado del borrador del decreto busca dilatar los despidos sin causa, metodología que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo y que excluye a la industria de la construcción.

En concreto, los empleadores deberán comunicar las cesantías con 10 días hábiles de anticipación, un período que incluyendo los plazos de notificación podría extenderse a tres semanas.

Su incumplimiento será castigado con sanciones y el Ministerio de Producción y Trabajo, a su vez, podrá convocar a las partes a audiencias si lo desea.

Para los despidos sin causa, Artículo 245 de la Ley Contrato de Trabajo los empleadores que quieran despedir a un empleado pueden hacerlo, pero deberán avisar al Ministerio de Producción y Trabajo.

Además, si es necesario el ministerio de oficio o a pedido de parte, ya sea del empleador o sindicato, podrá llevar a cabo una audiencia y dirimir el despido.

Si el empleador tiene que despedir a un empleado lo va hacer sin pedir permiso a nadie, porque en Argentina reina la estabilidad impropia y el despido es legal.

Lo que tendría que hacer el Gobierno es prohibir por 90 días los despidos en todo el país (aunque en realidad las medidas para paliar el problema del echar gente a la calle, pasa por otras instancias, la gran mayoría de ellas atañen al Ejecutivo y al Ministerio de Producción y Trabajo), para así darle un sabor menos amargo a este horrendo DNU. Piensan dar una alternativa de negociación a esta contienda.

“DEBEN CUMPLIR”

Lo cierto, es que el dirigente de la CGT, Carlos Acuña, advirtió ayer que “todo el sector privado tiene que pagar el bono” y cargó especialmente contra los empresarios de estaciones de servicio. “Si hay alguien que puede pagar ese bono son ellos, con el aumento de la nafta”, dijo.

“El bono es obligatorio para todos, los que dicen que no van a pagar hacen conjeturas sin tener el DNU”, sostuvo en declaraciones radiales.

Además, criticó a Funes de Rioja “Necesita estar en los medios permanentemente”.

“Esta vez acordamos con Funes de Rioja que no salga a hablar en contra del bono. El acordó con el Gobierno que iba a pagar el bono. Y ahora sale a hacer un circo diciendo que no está de acuerdo, que no puede pagar”, explicó, sobre el vicepresidente de la UIA.

También se refirió a la suspensión del paro que había sido anunciado para la segunda quincena de noviembre y expresó: “Nunca oficialmente declaramos que íbamos a hacer paro. Nunca dijimos que iba a ser de 36 horas tampoco. Pero entre hacer un paro y embocarlo antes de las fiestas prefiero que los trabajadores tengamos 5 mil pesos más. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer paro”.