@jorgeeliasInter

El Brexit avanza a los tumbos. Con más bajas que altas en el gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, enfrentada tanto con sus filas, las conservadoras, como con las laboristas de Jeremy Corbyn, desconfiados del borrador de 585 páginas labrado en Bruselas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) tiene fecha establecida, el 29 de marzo de 2019, pero siembra un tendal de dudas: desde los controles fronterizos entre Irlanda del Norte, miembro del Reino Unido, e Irlanda, miembro de la UE, hasta el destino de los territorios de ultramar, entre los cuales se encuentran las islas Malvinas.

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Sin mencionarlas, el gobierno británico se atajó en julio de 2018 sobre “las dependencias de la Corona, Gibraltar [para el cual el borrador fija una cooperación especial con España] y los demás territorios de ultramar” durante el Brexit. Con el documento Legislación para el Acuerdo de Salida entre el Reino Unido y la Unión Europea procura aventar temores. Las autoridades británicas, dice, “están colaborando estrechamente con estos gobiernos para asegurar que sus prioridades sean tenidas en cuenta durante las negociaciones para la salida con la UE, la instrumentación y la relación futura”.

Se trata de un proceso inédito, tan incierto como su desenlace. “No hay marcha atrás”, según la primera ministra May. Si no hay vuelta atrás, como tampoco puede haberla en la exigencia legítima de Argentina de su soberanía tras la usurpación de las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes y el sector antártico argentino, en 1833, puede abrirse una ventana de oportunidad. O, acaso, entornarse. Todo depende de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri, más proclive a la conciliación que a la confrontación.

“El gobierno británico deberá apuntalar la economía isleña con subvenciones”

Argentina y Gran Bretaña acordaron el 13 de septiembre de 2016 “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico” de las Malvinas, “incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. El comunicado, llamado Foradori-Duncan por Carlos Foradori, entonces secretario de Relaciones Internacionales, y su par británico, Alan Duncan, también siembra dudas. Era martes y 13: permite que los isleños estrechen vínculos con países vecinos por medio de vuelos regulares y supedita el reclamo de la soberanía a la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989.

¿Es un trancazo para la discusión de fondo? La resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. En ese ámbito, el Comité Especial de Descolonización insta cada año a las partes a dialogar. Gran Bretaña se opone. En 1974 hubo una propuesta británica de condominio con salvaguardias y garantías para los isleños. Perón la aceptó. Murió días después. Su viuda no se creyó capaz de llevarla adelante.

El estatus jurídico de las Malvinas, “territorio británico de ultramar”, determinado por el Tratado de Lisboa en 2007, debería dejar de tener valor legal a partir del Brexit. Obedeció en aquel momento, tras el traspié que sufrió el proyecto de Constitución Europea en 2004, a la llamada disciplina comunitaria. El Fondo Europeo para el Desarrollo previó para el período 2014-2020 una ayuda para las islas de seis millones de euros que, en principio, debería interrumpirse un año antes.

El gobierno británico deberá apuntalar la economía de las islas con subvenciones a la pesca, enfocada especialmente en las exportaciones a España. La producción de carne, vital en las áreas rurales, ha tenido como principales destinatarios a Francia, España, Bélgica y Grecia, así como al Reino Unido. La UE, cuyas importaciones representan el 70 por ciento del PBI de las Malvinas, no se verá obligada a favorecer los intereses de un país que deja de ser miembro.

Gran Bretaña, más allá de la economía, teme que, tras el divorcio, sus ahora pares comunitarios le quiten el respaldo en la Asamblea General de la ONU. En junio de 2017, una abstención inesperada permitió referir para consulta a la Corte Internacional de Justicia en La Haya el estatus de las islas Chagos, archipiélago de más de 50 islas en el Océano Índico que la República de Mauricio reclama como parte de su territorio. Sus habitantes fueron expulsados por el Reino Unido entre 1965 y 1973. La isla más grande, Diego García, alberga una base militar de Estados Unidos. Un socio estratégico imprevisible en la era Trump.