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Justicia en Primera |por un fallo que habilita la revisión de la corte federal
La AJB denunció que el Poder Judicial "garantiza impunidad" al Ejecutivo en la discusión salarial

22 de Noviembre de 2018 | 01:20

En el marco de conflicto salarial que mantiene la Provincia con los trabajadores judiciales por la paritaria del 2018, en las últimas horas se conoció la posición de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) con respecto al fallo dictado por el máximo Tribunal provincial.

La Suprema Corte bonaerense resolvió conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía de Estado, por lo que ahora la medida cautelar que ordenó al Ejecutivo retomar la negociación paritaria con la AJB y la actualización de los salarios por inflación hasta que se arribe a un nuevo acuerdo salarial deberá ser revisada por la Corte Suprema de Nación. 

Para la el secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, "se trata de una decisión inexplicable" de parte de la Suprema Corte ya que meses atrás había fallado en una forma diametralmente opuesta. 

El gremialista consideró que el tribunal bonaerense "se sacó el expediente de encima y se lo pasó al máximo organismo judicial de la Argentina que ahora podrá expedirse al respecto dentro de una semana o dentro de tres años". 

Para Abramovich, "hay ciertas presiones políticas que generan que jueces, sin si quiera recibir un llamado, se autopresionen diciendo este fallo va a perjudicar al poder político y como yo no quiero tener problemas fallo a favor de lo que el Gobierno necesite". 

En este marco, el secretario general expresó que debido a que la Corte federal no tiene plazos para fallar, "si el fallo sale en el 2021 no tiene demasiado sentido que en ese año se convoque a paritarias del 2018". "Esta fue la estrategia inicial del Gobierno, sabiendo que no tiene razón, prolongar la resolución y lamentablemente tuvimos unos cuantos jueces que fueron funcionales a esta estrategia. 

"Hay dos jueces, de estos seis de Casación que se sortearon, que son los que cambian la posición. El primero es Ricardo Maidana que vota primero por el rechazo (a la instancia federal) y un mes y medio después inexplicablemente vota por el recurso. Y otro de los jueces (Daniel Carral) que había conformado la mayoría después de tener tres semanas el expediente pide licencia y termina no votando" analizó. 

"Este fallo trata de la relación entre el Poder Judicial y el Poder Político y el rol de control que tiene que tener el primer sobre los actos del segundo. Estamos en noviembre. Tenemos un año sumamente complejo en la paritaria nuestra que en la práctica ni si quiera se abrió este año. Tendría que haberse abierto en marzo. Esto fue por una decisión de la Gobernadora y sus ministros de no convocar a la AJB para discutir salarios y el resto de las condiciones de trabajo" explicó.

Y añadió que "ante esa falta de convocatoria, en el mes de mayo iniciamos una acción judicial en la que planteamos una medida cautelar reclamando que primero se obligue al Gobierno a convocar y por otro lado reclamábamos que hasta tanto se llegue a un acuerdo en esa paritaria que no se habría se aplique la cláusula gatillo. La cautelar se dicta el 13 de julio en tribuna de primera instancia y a partir de ahí tuvimos un derrotero de 4 meses de dilaciones con resoluciones favorables y que finalmente termina hace pocos días con un fallo de la Suprema Corte que habilita la instancia federal". 

Según expresó, el fallo sólo contó con la oposición de De Lazzari y Víctor Violini, quienes mantuvieron su posición desde el inicio de este proceso. 

Como señaló el titular de la AJB, al voto de los jueces de Casación Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan, se sumó el llamativo y repudiable viraje producido por Ricardo Maidana y Daniel Carral, que en la primera resolución habían conformado la mayoría por el rechazo del recurso.

En comunicado lanzado hace algunas jornadas, la AJB sostuvo que la decisión de la Suprema Corte completa un proceso en el cual -salvo honrosas excepciones que resulta necesario reconocer-, el Poder Judicial garantiza impunidad a un Poder Ejecutivo que decidió mantenerse al margen de la ley, negando sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales".

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