El presidente de Cooperba, Gustavo Raúl Navarro y su asesor Legal Mario Mac Dougall se refirieron en las últimas horas a la situación que viene atravesando la cooperativa de Vivienda y Consumo de los empleados de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires por un conflicto con el código de descuentos que se venía aplicando. 

Según expuso el letrado, "los códigos habían funcionado hasta ahora con la facilidad que le dio el Estado hace muchos años a determinadas cooperativas y mutuales de poder descontar de los haberes de los empleados públicos en un porcentaje".

Precisó que este esquema "estuvo regulado desde el año 2000 por el decreto 754 que habilitaba  a mutuales y cooperativas a descontar una serie de items entre los que estaban fundamentalmente los préstamos de dinero, el consumo y la vivienda.  Si bien había habido intentos por modificar este código, finalmente este año se plasmó la modificación a través del decreto 243".

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Explicó que aquella resolución contempla el cambio del sistema introduciendo la apertura a muchas entidades para realizar los descuentos, "algo que puede resultar riesgoso para los usuarios". 

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Por su parte, Navarro planteó que el hecho de que "las entidades que se podrían sumar no pertenecen a la esfera de la administración pública bonaerense pueden venir de las provincias". 

En este marco, expresó su preocupación por los métodos de control que se aplicarán ante la posibilidad de que desembarquen personas de otras provincias con una matrícula designada para otra provincia y, "en el caso de que sean menos", se preguntó "cómo se va hacer para controlar esa gente e iniciarle los sumarios administrativos que corresponden si actúan mal en consecuencia".  

Según dejaron expuesto, la intención de Cooperba es que "las autoridades del Ministerio de Economía amplíen el criterio en una confusa redacción en la que se ha sacado el tema del consumo y la vivienda, lo que representa la mayor actividad de la organización".