Ya es hora de cuestionar ciertos privilegios

Hace unas semanas la sociedad argentina se encontró frente a frente con una escena que no es nueva, pero que nunca deja de sorprender: la influencia de la Iglesia Católica en la política terrenal.

El acercamiento entre Monseñor Agustín Radrizzani, obispo de Mercedes-Luján y Hugo Moyano, el histórico sindicalista, jefe del gremio de Camioneros, demostró que los referentes espirituales también están dispuestos a mediar en la escena partidaria.

No fue un hecho aislado. Hugo Moyano y su hijo Pablo enfrentan serias dificultades en la justicia por una presunta asociación ilícita y fraude en el club Independiente, del que son presidente y vicepresidente desde julio de 2014. Por estos hechos, que derivaron en un pedido de prisión preventiva para Pablo Moyano, padre e hijo acusan: “Esto está armado por Macri y el Gobierno para seguir presionándonos. (...) El gobierno odia a los trabajadores”.

“La Iglesia, una vez más, cerró filas detrás de dirigentes políticos que tienen problemas con la Justicia”

Tres días antes de la ya famosa escena que la Iglesia y parte del Sindicalismo y de la oposición montaron en Luján, los Moyano fueron a refugiarse a la Conferencia Episcopal, en donde fueron recibidos por el Obispo de Lomas de Zamora y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Lugones. Según el comunicado de prensa de esta entidad de la Iglesia Católica, Lugones y Moyano “conversaron acerca de la situación de los trabajadores ante la inflación, el deterioro de los salarios y el cierre de empresas”.

En el fragor de los hechos, Pablo Moyano se entusiasmó y declaró que “no se podría haber hecho esta movilización sin la venia del Papa Francisco”. El propio Radrizzani salió a desmentirlo, pero la suerte ya estaba echada: la Iglesia Católica, una vez más, cerró filas detrás de dirigentes políticos que tienen problemas con la justicia. Pero no sólo eso, sino que la cúpula eclesiástica, bajo la órbita estricta del Vaticano, intenta ubicarse como eje ordenador de la oposición argentina.

La influencia de la Iglesia Católica en la vida política del país desde ya que no es nueva: desde el Cabildo de 1810 en adelante siempre salieron en la foto. Nuestra Constitución Nacional reformada en 1994 quitó diversas normas que expresaban esa influencia política, pero aún conserva el artículo 2 que establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos. Este apoyo económico se traduce en diversas formas: exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados.

Pero los Obispos, Sacerdotes y Seminaristas católicos reciben asignaciones, que pueden entenderse como sueldos, de manos del Estado Nacional. Y he aquí otro resabio de cómo la Iglesia siempre ha estado vinculada a sectores del poder en la Argentina: esas asignaciones que el Estado les paga, se establecieron a partir de cinco decretos-leyes firmados durante la última Dictadura, cuatro por Jorge Rafael Videla y uno por Reynaldo Bignone.

“Los líderes sindicales constituyen otro sector de privilegio; a nadie escapa los lujos a los que son afectos”

Ello me impulsó a presentar en marzo pasado un proyecto de ley para derogar dichos decretos-leyes, con el propósito de eliminar privilegios en un momento en el que el déficit fiscal y los problemas económicos, pusieron de manifiesto que el Estado no debe convalidarlos. La iniciativa de la Unión Cívica Radical para que los jueces paguen ganancias, va en similar dirección.

Los líderes sindicales constituyen otro sector de privilegio, porque a nadie se le escapa los lujos de los que son adeptos muchos de ellos. Además de proyectos ya presentados para democratizar la vida política de los gremios, consideré necesario avanzar también en una legislación para limitar el uso que los sindicalistas hacen del dinero de sus afiliados, presentando dos proyectos de ley que prohíben a sindicatos y obras sociales sindicales utilizar fondos propios para patrocinar entidades y/o personas del ámbito deportivo, para evitar la desviación de sus fines sindicales y que se promueva la sospecha de un uso fraudulento de aquellos en beneficio de alguna persona o grupo de personas.

Porque si la Argentina tiene crisis recurrentes, es también porque hemos naturalizado que ciertos sectores tengan privilegios que nadie cuestiona. Y era hora de cuestionarlos.