Miles de platenses esperan regularizar sus títulos de propietarios

La escasa oferta de lotes legalmente aptos para la construcción de viviendas en nuestra ciudad los encareció y generó situaciones irregulares con perjuicios para muchos habitantes. Permanecen pendientes de resolución numerosos emprendimientos inmobiliarios, cuyas tramitaciones inconclusas implican perjuicios de toda naturaleza para los compradores de buena fe de parcelas para viviendas.

Muchas veces las aprobaciones de proyectos de loteos y barrios cerrados se debían a un exceso de reglamentaciones que sólo servían para facilitar la aparición de supuestos “gestores” que afirmaban poder lograr los dictámenes necesarios para que las autoridades les dieran curso. Por supuesto que sus honorarios eran cuantiosos y los justificaban en supuestos sobornos a funcionarios.

Existe en este sentido un ya pretérito reclamo formulado por unas quince mil personas que adquirieron lotes en zonas como Arturo Seguí, Villa Elisa, City Bell y otras localidades -se habla de unos cien loteos dedicados al desarrollo de viviendas en todo el distrito-, algunos de ellos ya construidos y habitados, cuyos propietarios no pueden regularizar el dominio. Se trata, por cierto, de impedimentos formales o de fondo, planteados en el propio municipio y, otros, en la órbita provincial.

Esas situaciones se encuentra contempladas ahora en un proyecto de ordenanza que el Ejecutivo comunal envió en estas jornadas al Concejo Deliberante, que en su primer artículo propone regularizar los procedimientos administrativos previstos en el art.83 del decreto ley 8912/77 para la aprobación de desarrollos urbanos, autorizados por decretos, en este caso del Ejecutivo comunal anterior.

Como se sabe, aquellos decretos apuntaron, tal como se informó oficialmente en su momento, a asimilar los llamados indicadores urbanísticos a nuevas condiciones de parcelamiento, que se fijaron de acuerdo a las áreas urbanas aledañas. No obstante ello, con posterioridad tales normas fueron observadas por organismos de la Provincia, concretamente la dirección de Geodesia y la Asesoría General de Gobierno, que aludieron, por lo pronto, a la necesidad de que las irregularidades y omisiones detectadas sean salvadas mediante la sanción de una ordenanza.

Los organismos provinciales objetaron asimismo, en algunos casos, la falta de documentación legal y técnica, tales como la ausencia de escrituras, informes de dominio o prefactibilidades; en otros, la carencia de sesión de reservas de equipamiento y de espacios verdes y, asimismo, la presencia de dificultades en los accesos para servicios esenciales.

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No hace falta señalar los trastornos que atraviesan los miles de compradores de buena fe, impedidos, muchos de ellos desde hace tres años, de contar con documentación probatoria y con las restantes constancias que hacen al dominio pleno de un bien tan imprescindible como es la vivienda o la tierra sobre la cual se proponen erigirla. El exorbitante precio de terrenos aptos para viviendas en La Plata es uno de los motivos que generan el déficit habitacional en la Región. Por otra parte loas limitaciones que crean las normas municipales para erigir edificios de altura fomentó un crecimiento horizontal de nuestra urbe con consecuencias también en este aspecto.

Es de esperar, entonces, que los concejales platenses no eternicen el tratamiento de una ordenanza que se encuentra inspirada en la necesidad de salvar trabas administrativas, ajenas a la posibilidad de cada comprador para despejarlas. Se está hablando aquí de miles de familias que no merecen permanecer, durante mucho más tiempo, en un estado de angustia relacionada a la legalidad de sus títulos de propiedad, sin dejar de tomar en cuenta las múltiples derivaciones negativas que pueden sobrevenir a partir de posesiones privadas de certeza jurídica.