Gobierno y maestros, los responsables para que mejore la educación pública

Las expresiones formuladas por el ministro de Trabajo provincial, en las que afirmó ser “moderadamente optimista” en su percepción sobre el giro de la negociación paritaria con los gremios docentes y en poder acordar, al menos, que no se supedite el inicio de las clases a un acuerdo completo entre ambas partes, seguidas de algunas consideraciones de contenido similar –o, al menos, de tono conciliador- esbozadas desde algún sector sindical, permiten mantener abierta la expectativa de que el comienzo del ciclo lectivo 2018 pueda concretarse con normalidad en las escuelas públicas de la Provincia, sin perjuicio de que continúen las discusiones en torno al problema paritario.

En los últimos años se ha puesto énfasis en reclamar que las reivindicaciones y los subsiguientes paros docentes, que afectaron gravemente los ciclos escolares con interrupciones que, en ocasiones, fueron muy prolongadas, no incidan en forma directa sobre la educación de millones de chicos, obligados durante el transcurso de las medidas de fuerza a permanecer fuera de los ámbitos escolares, privados de la posibilidad de aprender. Se está en esos casos, sin duda, frente a una grave responsabilidad conjunta, que le incumbe tanto al Estado como a los docentes resolver.

No se trata, en este caso, de analizar la mayor o menor razonabilidad de las reivindicaciones esgrimidas por el sector docente –desde luego que, muchas de ellas, seguramente justificadas-, sino de recordar a ambas partes que el derecho a aprender forma parte de las mandas constitucionales y que, por consiguiente, no existe motivo alguno que justifique privar de instrucción a millones de chicos. Esta formulación no significa, en modo alguno, postular un avasallamiento de los derechos gremiales al reclamo ni, tampoco, suponer que el Estado pueda verse exento de cumplir con sus obligaciones de empleador.

No debería soslayarse una realidad ciertamente negativa, que indica que en lugar de recuperar se han venido perdiendo días de clase en la Provincia. Y no sólo por las medidas de fuerza, sino por la cantidad de feriados.

Se ha expresado también, en forma reiterada, que los gremios docentes podrían apelar a otras medidas de protesta, acaso de igual resonancia, pero que no influyan tan negativamente en la formación de los alumnos como ocurre con los paros.

Solamente una visión muy sesgada podría no detectar la declinación que sufre la educación pública en la Argentina. Una decadencia que, seguramente, responde a causas múltiples y complejas, pero que, de cualquier modo, obligan a que se extremen esfuerzos para recomponer de manera gradual uno de los servicios más esenciales del Estado, como es el de la educación. El Gobierno provincial y los gremios docentes debieran tener muy en claro la gravedad del problema y ponerse a la altura de las circunstancias.