Desde el oficialismo y la izquierda criticaron que el Estado “afronte los gastos de la Iglesia”

El diputado nacional oficialista Fernando Iglesias criticó hoy que "un Estado laico" como el que rige en el país deba "afrontar una parte tan alta de los gastos" de la Iglesia Católica y señaló que, si bien la Constitución Nacional establece que tiene que "sostener" el culto católico, no especifica "hasta dónde tiene que hacerlo".

"A mí no me parece razonable que un Estado laico tenga que afrontar una parte tan alta de los gastos de una religión", opinó el diputado de Cambiemos.

De esta forma respondió cuando fue consultado sobre uno de los puntos abordados en el informe sobre la marcha de gestión que ofreció ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara de Diputados.

Allí, al responder por escrito a una de las preguntas formuladas desde el bloque Evolución, el jefe de ministros consignó que el presupuesto de este año para la Iglesia Católica asciende a 130.421.300 pesos.

Además, señaló que el haber mensual de un obispo diocesano es de 46.800 pesos, mientras que el de un obispo auxiliar alcanza los 40.950 pesos.

Por su parte, sus pares del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, presentaron un proyecto para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal de la Iglesia.

"Tras las declaraciones de Marcos Peña en el Congreso de la Nación, los diputados del PTS en el Frente de Izquierda exigen que se deroguen las normas que garantizan el financiamiento de esta institución por parte del Estado", planteó el FIT en un comunicado de prensa, en el que dieron cuenta de la presentación de una iniciativa parlamentaria en ese sentido.

Del Caño cuestionó que "la mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar que todavía están vigentes, gobierno tras gobierno".

Por su parte, González Seligra reclamó "que el Estado deje de financiar a la jerarquía religiosa", como así también la "inmediata separación de la Iglesia del Estado".

En ese punto, consideró que "ese financiamiento garantiza desde la injerencia de la Iglesia en la definición de las políticas de Estado, como vemos con las trabas que impone su férrea oposición a la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral o el aborto legal, hasta la impunidad que encubre a los curas abusadores".