El proyecto para quitar aportes a la hípica suma cada vez más rechazos

El proyecto de ley impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal para eliminar progresivamente los aportes estatales a la actividad hípica en la Provincia sumó en las últimas horas nuevos rechazos.

El titular de la ONG Red Solidaria, Juan Carr, se manifestó en contra de la iniciativa que ya tiene media sanción en la Legislatura y que viene generando fuertes reacciones de distintos sectores ligados al turf.

“Aparentemente, la provincia de Buenos Aires piensa en esto para cortar el presupuesto y dar un golpe al mundo de la ludopatía, pero está cerca de tomar una medida económica y social que impactará sobre muchas familias”, aseguró Carr, quien además pidió al gobierno de María Eugenia Vidal que “vuelva a pensar” esta propuesta.

El responsable de Red Solidaria afirmó que 300.000 personas verían afectada su economía familiar de aprobarse la normativa que ya tiene media sanción y que ahora debe tratarse en Diputados.

“Es un número tremendo, son como cinco estadios de fútbol”, graficó Carr.

Otro de los que salió a tomar postura fue Juan Carlos Bagó, empresario farmacéutico y propietario del Haras El Firmamento, uno de los más importantes de Sudamérica.

“No le estamos sacando nada a nadie que tenga que usar ese dinero para comprar una ambulancia”, dijo el empresario en el marco de una conferencia de prensa.

Y agregó: “Lo que viene a la hípica sale de los bingos”.

La frase de Bagó hizo referencia al argumento utilizado por Cambiemos a la hora de justificar la decisión de avanzar sobre la quita de los aportes que recibe al hípica provenientes del Fondo Provincial del Juego. Es decir, que ese dinero podía ser usado para construir unas mil viviendas, adquirir unas 600 ambulancias o construir más de 100 kilómetros de ruta al año.

La hípica recibe, para los cinco hipódromos que tiene en territorio bonaerense, un porcentaje de la recaudación de las tragamonedas. El año pasado, fueron unos 1.200 millones de pesos y este año serán unos mil millones.

El proyecto propone reducir progresivamente esos aportes hasta eliminarlos definitivamente en un plazo de 18 meses.