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Stornelli y Rívolo apelaron el procesamiento que dictó Bonadio y plantean que se extienda la imputación contra la ex presidenta
Los fiscales que llevan adelante la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública durante el anterior gobierno pidieron ayer al juez Claudio Bonadío que acuse a la ex presidenta Cristina Fernández por 913 hechos vinculados a “dádivas”.
El planteo fue presentado por los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, que instruyen la causa por las supuestas coimas en la obra pública, al apelar los 42 procesamientos que dictó Bonadío.
En su presentación, los fiscales detallaron las diferencias de criterio con respecto al del magistrado.
Rívolo y Stornelli argumentaron los motivos de la apelación discrepando con la calificación jurídica adoptada por el juzgado de Bonadío respecto de varios imputados, como también por la falta de mérito para procesar o sobreseer dictada en cuanto a otros de los involucrados, y la no imposición de la prisión preventiva en algunos supuestos.
Los fiscales pidieron además el procesamiento de más empresarios que aparecieron en los cuadernos del chofer Oscar Centeno para que sean considerados organizadores de la asociación ilícita, que según la acusación encabezaba la ex Presidenta.
Incluyen en tal sentido al financista Ernesto Clarens, al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; al vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y al ex secretario de Obras Públicas, José López.
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Los mencionados, según señalaron los fiscales, deben tener la misma acusación que pesa sobre el ex ministro de Planificación, Julio de Vido y su mano derecha Roberto Baratta, ambos detenidos.
Expresaron en tal sentido que “realizaron mayores aportes a la obra delictual, los que resultaron ser elementales y más relevantes con relación a los cometidos por los demás miembros”.
Respecto de la ex Jefa de Estado, los fiscales Stornelli y Rívolo dicen que deberá responder “en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades”.
En la presentación los fiscales solicitaron también la detención de los empresarios que están procesados en la causa: Hugo Antranik Eurnekian, Alberto Dragonetti, Manuel Santos Uribelarrea, Alejandro Ivanissevich, Banjamín Romero, Jorge Balan y Enrique Pescarmona.
Fundamentaron su inclusión en las “prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público”.
En tanto, a partir de mañana comenzará a desfilar por los tribunales de Comodoro Py la cúpula de La Cámpora, que quedó comprometida en el caso por acusaciones y registros probatorios que indicarían que manejaron millones de pesos originados del pago de sobornos que les cobraban los ex funcionarios de Planificación Federal a empresarios de la construcción, la energía o el transporte.
Los diputados nacionales Andrés “El Cuervo” Larroque y Eduardo “Wado” De Pedro, junto con el legislador bonaerense José Ottavis serán los primeros integrantes de esa agrupación que tendrán que darle explicaciones a la Justicia en este caso.
Mañana miércoles, el juez de la causa Claudio Bonadio escuchará en indagatoria a De Pedro y Ottavis.
El jueves de esta semana fue citado Larroque.
El viernes 28, además, deberá presentarse ante Bonadio el ex empresario Sergio Szpolski.
Además de ellos, Bonadio y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, analizan si imputarán al último ex ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof. Lo mismo le podría ocurrir al ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa. En una situación similar estaría el ex director de Comunicación Institucional de la Presidencia, Hernán Reibel Maier, y el actual diputado aforado Rodrigo “Rodra” Rodríguez.
Las pruebas que los involucran son relevantes, según los investigadores.
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