Usurpaciones de tierras sin límite: un “negocio” millonario y de corte mafioso que nadie frena

Desamparados y a la buena de Dios. Así parecen sentirse los cientos de afectados por las interminables usurpaciones de tierras que asolan la Región.

Solos, contra las incontables trabas burocráticas y judiciales que demoran hasta lo imposible la restitución de tierras.

Solos, en lo que se les antoja una lucha desigual frente a organizaciones de neto corte mafioso que lucran y obtienen cifras millonarias con una actividad ilegal a la que, llamativamente, nadie parece comprometerse a ponerle fin.

Las usurpaciones, vale remarcarlo por enésima vez, crecen en la Región y se han convertido en un negocio tan ilegal como millonario, que puede entrar en una larga pelea judicial que desalienta a los dueños de las tierras.

Una investigación de EL DIA reveló que solamente en 2018 en el Departamento Judicial La Plata, se iniciaron 868 causas por intromisiones. En otras palabras, 2,37 causas por día.

Aunque es complejo arriesgar una cifra certera sobre los montos de dinero que se consiguen ilegalmente a través de la venta fraudulenta de terrenos ocupados, un reciente relevamiento periodístico estimó en unos 120 millones de pesos lo recaudado por organizaciones ilegales, sólo en las localidades de González Catán y Rafael Castillo, en el Conurbano bonaerense.

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“una oportunidad”

“Una tarde estaba en la camioneta, estacionado sobre 7, mirando cómo armaban casillas en mis terrenos, mientras yo tenía la esperanza de que algún día el fiscal se decidiese a actuar. Se acercó un muchacho de unos 30 años y me preguntó: ¿Acá se venden los lotes? Le dije: ¿Qué lotes? Me comentó: Vi en Facebook unos de 10 por 30 (metros) a veinte mil pesos. Es una oportunidad bárbara”.

El relato es de uno de los propietarios de las 20 hectáreas que se extienden entre las calles 7, 11, 93 y 98, en Villa Elvira, un predio que desde 2007 fue usurpado, como mínimo, cinco veces. “El jueves 7 de noviembre, a las dos de la tarde y después de 12 días de ocupación, fue desalojado nuevamente. Se fueron sin decir palabra. No hubo ningún altercado”, relató el vecino platense, para apuntar a uno de los nudos de las usurpaciones: “Los primeros ocupantes no son quienes van avivir allí. Es gente con cierto poder adquisitivo que, una vez instalada, hace loteos al tun tun y vende las parcelas por precios irrisorios. Yo le dije a ese muchacho -retomó- que 20 mil pesos por un terreno que cuesta 20 mil dólares es un negoción, sin dudas”, acotó con ironía el propietario damnificado.

No sabría el usurpado que, tal vez, se haya quedado corto con la estimación del valor real de su terreno. Alcanza con repasar las publicaciones de las ventas legales del mercado inmobiliario local para saber que aún en predios muy alejados del centro en zonas absolutamente periféricas y carentes de servicios, el valor de una parcela puede superar largamente los 20 mil dólares.

Ayudar, como se pueda

Cuentan los vecinos de un predio usurpado que para evitar que en el barrio se formaran asentamientos, ayudaron a los propietarios legales “cómo podían”. Por ejemplo, haciéndose pasar por interesados en comprar los lotes que se publicaban en Facebook. “En este caso, el tope era de 30.000 pesos; de ahí para abajo. Pero se manejaban con una informalidad total. Podían ser 30 mil por un 30 por 30 ó un 25 por 40. Y generalmente la operación empezaba con la entrega de 10 mil pesos, mientras que los 20 mil restantes se cobraban si el sitio no era desalojado”. Más aún: “Si los usurpadores tenían información sobre un inminente desalojo, los terminaban ‘regalando’ a 2 ó 3 mil pesos”, contó el vecino de Villa Elvira a este diario.

Pero ese es un caso puntual, en localidades donde de un tiempo a esta parte las ocupaciones florecieron como trébol de cuatro hojas, como Melchor Romero, Villa Alba, Abasto, Altos de San Lorenzo, Berisso y otras, los valores promedio que se piden por terrenos de 10 ó 15 por 30 metros -que en el mercado legal no bajan de los cincuenta o sesenta mil dólares- suelen ir desde los 10.000 a los 60.000 pesos.

“A veces la negociación se cierra sobre la base del ‘dame lo que tengas’, pues en definitiva, para quien vende todo es ganancia. Mientras, uno paga los impuestos y gasta dinero en postes y alambre que los usurpadores rompen una y otra vez”, puntualizó una vecina de Villa Alba que sufrió el flagelo en carne propia.

“Cuando una va a la Justicia, le piden tantos documentos, requisitos y trámites, que se siente el victimario en lugar de la víctima”, se lamenta la señora.

En ese marco, la resolución Nº 707/19 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense estableció un protocolo de actuación para “la actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, que, aseguran los damnificados por usurpaciones, crea un laberinto de trámites y pasos legales que “llevan a pensar en que el litigio no se resolverá jamás”.

Allí y sólo como el primero de no menos de veinte trámites se le pide al propietario y como “medida preliminar” que se debe “verificar si [el predio ocupado] se trata de un supuesto de “villa o asentamiento precario” inscripto en el “Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios”. En caso afirmativo, deberán citar a “una audiencia en la que se acuerde un plan de relocalización que incluya una solución habitacional para las personas y/o familias afectadas”.

Y a partir de alli, el calvario.

Pocas soluciones

La subdirectora del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados platense, Claudia Schvartzman, explica que ese protocolo pertenece al fuero penal, que en esa materia –a su entender- “es el que está dando menos soluciones”.

No obstante apuntó que en el fuero civil manejan uno “similar”, pero aclaró que “allí no se obstaculiza el camino hacia una sentencia definitiva y favorable para los propietarios de los terrenos, sino que impide desalojos compulsivos cuando hay niños y/o ancianos”. Un debate complejo, ya que varios afectados aseveran que las organizaciones delictivas “suelen usar niños para impedir la acción policial”.

La manera en que se concretan las ocupaciones ilegales deja en claro que se trata de organizaciones asesoradas por abogados o gente que conoce muy bien la legislación vigente, y que además tiene contactos en reparticiones públicas claves.

Schvartzman explicó que “generalmente se manejan con punteros políticos de la zona que hacen un trabajo de inteligencia previo, por llamarlo de algún modo. Saben quiénes son los dueños, si viven, dónde, si mantienen el terreno o no van nunca. Y también manejan datos de catastro y demás”, apuntó.

Indefensos

Ahora bien, antes de entrar en el terreno estrictamente legal que lleva a muchos damnificados a sentirse “totalmente indefensos”, vale hacer hincapié en la acción conjunta que están por encarar cuatro familias de Berisso que, a partir de la publicación de un caso en este medio, se contactaron y ahora están evaluando en accionar contra autoridades municipales porque, creen los vecinos y vecinas, “con su actitud no sólo no frenaron las ocupaciones, sino que las alentaron”.

La usurpación en Berisso de 4,5 hectáreas comprendidas entre las calles 151, 152 norte, 19 y 20 en enero de 2016, y de un amplio terreno de 15 por 45 metros en 152 entre 25 y 26 en el año 2014, son dos casos emblemáticos que, al día de hoy y pese a numerosas presentaciones judiciales y gestiones ante la Municipalidad, sus propietarios -escrituras en mano- no han logrado resolver.

Desde la Comuna explicaron, sin ruborizarse, que a la propietaria de las 4,5 hectáreas -donde, vale aclararlo, su esposo había empezado a construir un complejo de viviendas- le propusieron un “acuerdo” por el cual “la Municipalidad se encarga de la subdivisión del predio en 140 lotes, de dotarlos de la infraestructura básica, y se queda con el 30 por ciento de esas parcelas, y ella con el 70 por ciento, que puede vender a los valores que marca la ordenanza (municipal del Programa de Acceso al Suelo Urbano)”. Valores “irrisorios e inaceptables”, respondió la dueña.

Se viene un nuevo capítulo en esta historia, pues varias familias en la misma situación culpan a las autoridades de haber “facilitado” de algún modo las ocupaciones.

Cortar el paso, ¿la solución?

Claudia Schvartzman advirtió que “el desuso de un terreno es la puerta de entrada a la usurpación”, por lo que recomendó que “hay que actuar sobre el mismo. Cercarlo, cortar el pasto regularmente, ir de tanto en tanto, plantar árboles”, y demás.

En ese sentido, la letrada explicó que “el derecho de propiedad tiene dos aristas: el título propiamente dicho y la ocupación efectiva. En ese contexto, si por ejemplo alguien reclama un predio con una escritura de hace 40 años y otra persona presenta una documentación (boleta de compra-venta) y demuestra que hace cinco años vive allí, construyó una casa, tiene el lugar cuidado, hizo la vereda, etcétera, se genera una disputa judicial”, puntualizó.

Y, en esos casos, la Justicia penal suele inhibirse y le pasa el tema a la Justicia civil, especificó la abogada. “El proceso es largo, es cierto, pero la sentencia es definitiva”, sostuvo.

Consideraciones al margen, lo cierto es que en ese tipo de litigios la Justicia civil apunta a determinar el “mejor derecho”.

¿Qué significa eso? “Demostrar qué tipo de documentación es la que vale a la hora de iniciar el camino hacia una sentencia definitiva”, señaló.

El peso de la escritura, en estos casos, es de enorme valor. Pero ello no impide que la persona propietaria no deba desfilar largo tiempo ante los estrados judiciales.

El dueño de las tierras recientemente desalojadas en el corazón de Villa Elvira propuso una “fiscalía exclusiva para tratar estos casos. Porque a mi, en cada usurpación, me tocó un fiscal distinto, y pareciera que cada uno actúa de acuerdo a su criterio personal”, remató.