El Senado aprobó la emergencia que pidió el Presidente

En el debut de Cristina Kirchner al frente del Senado, la Cámara alta convirtió esta madrugada en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La aprobación se concretó incluso en medio de la fuerte polémica que se abrió por la exclusión de las jubilaciones de privilegio del congelamiento de la movilidad previsional por 180 días (ver aparte).

La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ayer a la mañana fue sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.

En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien hoy juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

LE PUEDE INTERESAR

En medio de un escándalo, el Gobierno pide ahora eliminar jubilaciones de privilegio

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof prepara la ley fiscal y adelantó que se presionará “a los que más tienen”

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.

Con la reunión encaminada, Cristina impuso su estilo: de entrada abarajó al jefe del bloque del FdT, José Mayans, nombró a su ex vicepresidente como “Cobos, Julio Cleto”, en ese orden; y esquivó la mirada de los opositores Esteban Bullrich y Alfredo de Angelis. 

Pero el discurso que Cristina no pudo dar –porque la presidenta del Senado no tiene en sus facultades el uso de la palabra- lo hizo Oscar Parrilli. “Me resulta raro estar acá; hace un año éramos todos chorros, narcotraficantes y terroristas”, ironizó el senador neuquino.

En el transcurso de la sesión, se conoció que el interbloque de JxC anunció la presentación de un proyecto –de autoría de Cobos- para suspender por 180 días la aplicación de la movilidad prevista en el artículo 27 de la ley 24.018, que sustenta las jubilaciones de privilegio, en sintonía con la postura adoptada por los diputados nacionales del espacio, liderados por Mario Negri.

Antes de pasar al cuarto intermedio, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que el presidente Alberto Fernández había notificado que ampliará el período de sesiones extraordinarias para discutir un proyecto que elimina las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático.

La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.

El bloque oficialista del Frente de Todos consiguió iniciar la sesión -para la cual se requería el aval de dos tercios de los presentes- con el apoyo pasivo de los senadores de Juntos por el Cambio, que se quedaron tras bambalinas para no complicar la obtención del quórum especial. Sin embargo, hubo dentro de la bancada opositora una fuerte discusión interna.

Una decena de senadores liderados por Martín Lousteau estuvo a punto de bloquear la sesión, oponiéndose a la colaboración del jefe del interbloque Luis Naidenoff (UCR-Formosa) y el misionero Humberto Schiavoni (ex titular del PRO a nivel nacional), que acordaron con el peronismo el mecanismo mediante el cual la Cámara alta terminaría iniciando la sesión.

La jornada legislativa comenzó bien temprano con el cierre de una sesión de 20 horas en Diputados. Allí, la votación en general terminó con 134 votos afirmativos contra 110 negativos. El conflicto surgió en la votación en particular. 

Específicamente, cuando se abordó el capítulo del congelamiento de la fórmula previsional que se implementó durante el gobierno anterior. En ese momento, aparecieron en el articulado los números de algunas leyes de vieja data (como la 24.018) que los diputados de JxC no habían visto en el dictamen y que el miembro informante oficialista, Darío Martínez, leyó a las apuradas.

El escándalo surgió después, cuando con el proyecto ya aprobado, se supo que los números de leyes leídos a las apuradas, dejaban a políticos, jueces y fiscales a buen resguardo de todo congelamiento jubilatorio.